El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ha iniciado el procedimiento para suspender de sus funciones al suboficial del Cefot de Cáceres denunciado por abuso sexual. Según confirma a este diario el Ministerio de Defensa, el máximo cargo en la escala del Ejército de Tierra, el general Amador Enseñat y Berea, ha ordenado la incoación de un expediente para apartar al mando de la base después de que se le haya abierto una investigación.

De acuerdo con el reglamento disciplinario militar, esta sanción se aplica como consecuencia de la apertura de un procedimiento penal a un soldado o por un proceso disciplinario por una falta grave y el periodo máximo en el que podrá prolongarse la medida es de seis meses. Esta situación administrativa puede implicar también el cese en el destino en el que se encuentra el denunciado, pero no ha trascendido si en el caso que ha tenido lugar en la capital, el militar también deberá marcharse del centro.

Desde que se hizo pública la denuncia, el mando que ha sido denunciado, un sargento primero, fue trasladado a otro módulo pero ha permanecido en las instalaciones del acuartelamiento. En todo momento, tanto el Cefot como la Delegación del Gobierno en Extremadura han defendido que se han seguido los protocolos en materia de violencia de género y se ha apartado al presunto agresor de su víctima. No obstante, se da la circunstancia de que la soldado, una de las alumnas del anterior ciclo, abandonó como todos sus compañeros la base una semana después de que se denunciaran los hechos debido a que concluyó su formación .

Según la denuncia, los hechos se produjeron el pasado 16 de octubre y de acuerdo con el relato de fuentes cercanas y a las que tuvo acceso este diario, el militar de rango superior presuntamente realizó tocamientos sexuales a la soldado aprovechando que ella se encontraba inconsciente. El suceso se produjo además en presencia de otros alumnos, compañeros de la víctima, que intentaron reducir al presunto agresor cuando se percataron. Más tarde, pusieron los hechos en conocimiento de la dirección del acuartelamiento, que recogió el testimonio de todos los soldados.

Desde un primer momento, la dirección del Cefot confirmó la existencia de la denuncia y la apertura de una investigación para aclarar lo ocurrido aunque no entró en detalles aludiendo a la confidencialidad. Debido a que los hechos que se han denunciado involucran a personal militar y se produjeron en una instalación del las fuerzas armadas, el caso ha sido remitido al Tribunal Militar Central, que se encarga de instruir las diligencias. Precisamente, a propósito de que se juzgue en base al código penal militar, el acuartelamiento defiende que «se aplican mismas leyes» que en un tribunal civil».

Al mismo tiempo, tanto fuentes del propio centro como el coronel jefe del centro, Juan Manuel Martel, en declaraciones posteriores a este diario, mostraron su «tolerancia cero» con este tipo de actitudes y con cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre las mujeres. En ese mismo sentido, aseguraron fuentes del acuartelamiento que el clima que se vivía en días posteriores a que trascendiera la denuncia en el centro era de normalidad y reiteraron que los esfuerzos estaban destinados en esas semanas a preparar las instalaciones para la llegada de un nuevo ciclo.

De forma similar se pronunció la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, días más tarde, que apeló «a la presunción de inocencia» hasta que se resuelvan las diligencias. Más certero se mostró el ayuntamiento cacereño sobre el asunto, que manifestó su condena firme a los presuntos abusos y se solidarizó con la víctima. Por su parte y preguntado también por el caso, el subdelegado de Defensa en Cáceres, el coronel Manuel del Pozo, aseguró que no había sido informado del asunto y explicó que en el Ejército existen unidades de protección frente al acoso en el Ministerio de Defensa, que asesoran si el hecho puede ser una falta, un delito o no llega a nada, como pasa con «muchas denuncias».