El juzgado contencioso administrativo número 2 desestimó en una sentencia del pasado 18 de noviembre el recurso presentado por una empresa de Cáceres contra una resolución de la alcaldía que ordenaba la demolición de obras ejecutadas sin autorización municipal. Asimismo, el juzgado ratifica la sanción de 36.671 euros impuesta por el consistorio.

Entre los argumentos que el juzgado da en su sentencia está que en resoluciones administrativas anteriores, no recurridas por la empresa, ya quedaba claro que las obras no se podían legalizar y por tanto no se podía dar la licencia, entre otras razones porque se había edificado sobre una parcela calificada como zona verde.

Para el juzgado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que «restablecer la legalidad urbanística con la correspondiente demolición». Tampoco se admite la alegación de la empresa de que hay construcciones similares toleradas por el ayuntamiento porque «no cabe invocar la desigualdad en situaciones de ilegalidad».

La construcción que se ha edificado tiene una superficie de 220 metros cuadrados y está anexa a la nave principal de la empresa, que está junto a la carretera de Miajadas, antes de la rotonda de la ronda este. De este fallo judicial informó el portavoz del gobierno, Andrés Licerán, al término de la junta local de gobierno.

Licerán también anunció que volverán a salir a concurso las tres plazas de subinspector y la de inspector de la Policía Local que había convocado el ayuntamiento y que se pensaban cubrir por promoción interna, un proceso fallido y que ya se ha declarado desierto.