Los tres médicos de la residencia Asistida de Cáceres que prestaron declaración esta semana defienden que se actuó correctamente durante la pandemia de coronavirus. Los sanitarios testificaron ante el juez que instruye las diligencias de la querella que interpusieron de forma colectiva las familias de los fallecidos y defendieron su labor, en la misma línea que ya siguió hace meses la directora del centro, que sí fue llamada a declarar como investigada.
Según confirman fuentes cercanas a la investigación a este diario, los médicos declararon este pasado miércoles, tal y como estaba previsto, y justificaron en todo momento el «trabajo bien hecho» a lo largo de los meses más complicados de la crisis del coronavirus. Continúa de esta manera el juzgado recabando testimonios para adjuntar a la investigación y de la misma forma, citará a otra decena de trabajadores de la residencia el próximo 12 de enero entre los que se encuentran camareros/limpiadores, auxiliares de enfermería, oficiales de mantenimiento, ayudantes de cocina, cocineros y ordenanzas. También declararán como testigos.
En este caso es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 el encargado de comandar las diligencias. La querella de la residencia cacereña es la única que se mantiene abierta por este asunto ya que hace una semana también el mismo juzgado decidió archivar la causa por dos fallecimientos también durante la primera ola en el centro de mayores de Garrovillas. En el último año se han abierto diligencias contra al menos media decena de residencias de mayores de la provincia por estas circunstancias y la mayoría han sido archivadas.
En relación a la Asistida se da la circunstancia de que es la residencia que más fallecidos ha acumulado de toda Extremadura en la pandemia. Fue precisamente por esta cuestión cuando el 30 de julio de 2020 los familiares de fallecidos presentaran una querella colectiva que fue admitida a trámite por el juzgado una semana después. En la querella se propuso el interrogatorio de la directora, y se requirió al SES y al Sepad la documentación. Meses más tarde, en octubre, la dirección y la Junta presentaron la documentación y en enero de este año la directora declaró como investigada.
