La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’, se encuentra actualmente en el centro de la polémica, aunque nunca ha dejado de estarlo desde su entrada en vigor hace seis años. La modificación de algunos ‘puntos calientes’ de su articulado, propuesta por el PNV y tramitada ahora por el Gobierno, genera serias discrepancias. Sea como fuere, el cómputo global de las denuncias derivadas de dicha norma en Cáceres ha estado por encima del millón de euros anual en multas desde su inicio. Las reformas propuestas por el momento solo rebajarán uno de los contenidos que más multas genera, relativo a drogas, aunque también se plantea reducir todas las sanciones cuando el denunciado tenga menos ingresos.

Durante el primer año completo de aplicación de esta ley (2016), los cacereños pagaron sanciones por valor de 1,4 millones de euros, en 2017 se elevaron a 1,6 millones y ya en 2018 a 1,8 millones. Al año siguiente se redujeron a 1,6 millones pero en 2020 se registró un incremento extraordinario, hasta alcanzar los 3,7 millones de euros. Se trata de un alza del 123%, más del doble que el ejercicio anterior, lo que supone la cuantía máxima hasta el momento.

EL PERIÓDICO

No obstante, este aumento ha sido excepcional y tiene una explicación estrechamente relacionada con la pandemia: más de 2,3 millones de euros (el 63% del total de multas de la ‘Ley Mordaza’ impuestas en Cáceres durante 2020) se debieron a la vulneración del artículo 36.6 durante el confinamiento y las restricciones posteriores. Dicho artículo, que multiplicó la cuantía de sus sanciones por 20, considera infracción grave (de 601 a 30.000 euros) la desobediencia o resistencia a los agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse o la aportación de datos falsos o inexactos. Su incremento fue tal que desbancó a las drogas como primera causa de infracciones de la ‘Ley Mordaza’ desde su entrada en vigor.

Hay que tener en cuenta que muchas de estas sanciones por desobediencia en la pandemia quedarán en papel mojado, tras la declaración como ilegales del primer y segundo estado de alarma por el Tribunal Constitucional. El Gobierno ha ordenado a sus organismos devolver el dinero o anular los expedientes en curso.

"Las multas que genera esta norma en la provincia han pasado de 1,4 millones de € en 2016 a 3,7 en 2020"

Pero en 2020 se impusieron otras multas a los cacereños. Para seguir desguazándolas, hay que entender por qué fue creada la ‘Ley Mordaza’. Supuso la revisión más profunda de la justicia penal española desde la reforma del Código Penal de 1995. Lo que hace esta norma es considerar como ‘infracciones administrativas’ ciertos comportamientos que antes solo se podía sancionar en los juzgados (se reservan para casos graves), aunque sí pueden recurrirse ante los tribunales. Por tanto, no son hechos especialmente graves (estos siguen pasando por manos de un juez), sino menos trascendentes, castigados en el ámbito administrativo. La polémica radica en que algunos sectores consideran que un agente de policía no es quien para suplantar el trabajo de los tribunales. Pero también hay que decir que la revisión que prepara el Gobierno sobre la ‘Ley Mordaza’ no parece que de momento vaya a modificar sustancialmente el articulado referente a las multas que más incidencia tienen. Y ojo, porque las sanciones de esta ley no son menores: oscilan entre 100 y 600.000 euros.

Sus principales tipologías son tres: drogas, armas y explosivos, y seguridad ciudadana. Fue esta última la que se disparó en 2020 (último año computado) a causa de las multas por las restricciones de la pandemia, pasando en la provincia de Cáceres de 737 sanciones en 2019, hasta 4.066 en 2020, lo que traducido en dinero supuso un salto de 270.980 euros a 2,4 millones de euros (casi diez veces más). La mayor parte, como ya se citó anteriormente, se debió a las violaciones del artículo 36.6 referente a la desobediencia a la autoridad. Solo en marzo y abril del año pasado, y solo por este artículo, se impusieron denuncias por 2,1 millones de euros en Cáceres.

Las infracciones por drogas bajaron por primera vez en 2020 y supusieron 1,1 millones de €

Pero además, dentro del apartado de seguridad ciudadana, también destacó la subida de multas relacionadas con el artículo  37.4, que tuvo más de 400 denuncias (faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un agente en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad); y con el artículo 36.15_(falta de colaboración con la policía para prevenir acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana), o también con el artículo 37.7 (la ocupación de inmuebles ajenos contra la voluntad de su propietario, cuando no sea constitutiva de infracción penal). Por el contrario, debido a la drástica reducción de la actividad ciudadana, bajaron significativamente las multas por artículos como el 36.3 (causar desórdenes en las vías u obstaculizarlas con mobiliario urbano, vehículos u otros objetos cuando se altere gravemente la seguridad), cuyo número de sanciones cayó de 113 a 65.

Tras la seguridad ciudadana, la segunda tipología con más dinero en sanciones durante 2020 fue la droga. Resulta curioso, porque siempre había ocupado el primer puesto en Cáceres hasta que le sobrepasaron las multas relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, en 2019, el 73% de la cuantía de todas las infracciones de la ‘Ley Mordaza’ en la provincia tenía su origen en los estupefacientes, y el año pasado ese porcentaje se redujo al 30%. También cabe destacar que las denuncias relacionadas con drogas rompieron en 2020 su trayectoria ascendente desde 2016, posiblemente por las trabas al trapicheo que supuso el confinamiento y la falta de ocio.

Tenencia de estupefacientes

Bajando al detalle, los cacereños recibieron el pasado año 1.694 denuncias por drogas que les obligaron a desembolsar 1,1 millones de euros. La inmensa mayoría (98% de la cuantía) fue por incumplir el artículo 36.16, que penaliza «el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estén destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos o efectos empleados para ello en los citados lugares». En concreto hubo 1.675 denuncias. Y ojo que en las propuestas del Gobierno para modificar la ley, esta infracción pasa de grave (601 a 30.000 euros) a leve (100 a 600).

Dentro de la tipología de drogas también se interpusieron 19 multas (20.000 euros) por violación del artículo 36.18, que prohíbe «la plantación y cultivo lícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público», siempre que no sean constitutivos de delito o infracción penal (en este caso superarían el ámbito de la ‘Ley Mordaza’ y pasarían al juzgado).

En tercer lugar, tras la seguridad ciudadana y las drogas, se situó en 2020 la tipología que engloba el uso incorrecto de armas y explosivos. Se registraron en Cáceres 261 sanciones que generaron 173.396 euros en multas, la segunda cantidad más baja desde que entró en vigor la ley. Además de la influencia que pudo tener la pandemia en esta reducción, también hay que tener en cuenta que ya en 2019 se produjo una bajada tanto en el número de infracciones como en la cuantía que supusieron.

Temeridad con las armas

Buena parte de las denuncias del último año (189) y de su equivalente en multas (128.267 euros) por esta tipología, vinieron motivadas por el artículo 36.10, que no permite portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso.

El incumplimiento del artículo 36.12 también generó 64 sanciones en Cáceres (44.029 euros), por infracciones relativas a «la fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, transporte o distribución de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación requerida o excediendo los límites autorizados», así como «la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas o precauciones obligatorias».

El resto de multas fueron menores: hubo 7 (900 euros) por contravenir el artículo 37.8 que penaliza la insuficiencia de medidas para conservar la documentación de armas y explosivos, o no haber denunciado su pérdida o sustracción. Como en los casos anteriores, si pasaran de infracción a delito, todos los hechos relacionados con armas y explosivos acabarían ante un juez. 

LOS PRINCIPALES CAMBIOS DEL TEXTO 

Fue en 2017 cuando el Congreso aprobó la proposición de ley del PNV para reformar la ‘Ley Mordaza’, una modificación que ha estado dormida en los cajones de la cámara baja hasta que el pasado 10 de noviembre, PSOE y Podemos presentaron más de cuarenta enmiendas coincidiendo con la finalización del plazo para ello, prorrogando en decenas de ocasiones. Algunas de estas enmiendas han generado tensión política y social.

  • Sean más o menos controvertidos, algunos cambios se centran en la intervención policial durante sucesos o protestas. Por ejemplo, se propone retirar las sanciones para las manifestaciones no comunicadas previamente que se desarrollen de forma pacífica (solo comportarán consecuencias si se produce desórdenes públicos o violencia). Además, dejaría de ser infracción grave manifestarse ante el Congreso. También se estudia prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes antidisturbios, dado que ha habido varios casos de manifestantes que han perdido visión total o parcial en algún ojo. Se emplearán «los medios menos lesivos para las personas».
  • Siguiendo con las enmiendas, se plantea eliminar las multas por tomar y difundir imágenes de agentes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Asimismo, las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública.
  • Por otro lado, el Gobierno propone reducir el tiempo de identificación en comisaría de seis a dos horas máximo, salvo causa excepcional, y esa persona deberá ser devuelta al mismo lugar donde fue retenida. En este mismo sentido, cuando se realicen registros corporales y procesos de identificación, deberá contar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo estas comprobaciones en la vía pública y se evitará un desnudo excesivo, procurando un lugar reservado. En cuanto al atestado policial, perderá la presunción de veracidad si los hechos recogidos no son «razonables».
  • Otra modificación importante por la cantidad de multas que existen al respecto, es la tenencia de drogas para consumo propio en lugares o establecimientos públicos, que pasaría de infracción grave a leve.
  • En cuanto a las cuantías por incumplir los contenidos de la ‘Ley Mordaza’, se baraja reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el SMI y también para quienes opten por acogerse a un pago voluntario (siempre que el hecho sea leve o grave, no muy grave). Además, se estudia otra franja del 25% para aquellos cuyos ingresos se sitúen entre 1,5 y 2,5 veces del SMI.