El ayuntamiento mantendrá las condiciones con las que vendió al Cacereño los terrenos donde está el estadio del Príncipe Felipe y otras instalaciones del club de fútbol. El equipo había pedido al consistorio el levantamiento de las cargas para poder así recibir recursos económicos que hagan posible el saneamiento de su economía. No es la primera vez que el conjunto verdiblanco pide que se cambien las condiciones con las que compró el suelo al consistorio.

El terreno que el ayuntamiento sacó a subasta tenía una superficie de 5 hectáreas. Esas condiciones están ligadas a que el suelo se destinase a utilidades deportivas, al menos durante 50 años, un periodo que finalizará en 2026. Si esas condiciones no se cumpliesen, el ayuntamiento podía reclamar la reversión del terreno. De hecho hay una hectáreas que ya es de propiedad municipal y que el ayuntamiento no aceptó en 2013 que volviese a manos del club.

El alcalde, Luis Salaya, apuntó este martes en un tuit que lo que se apunta en este expediente, que se dictaminará el jueves, en la comisión de Urbanismo, «es a que se rechaza la reversión de las cargas hipotecarias, pero eso no tiene que ver con el uso, de hecho su licencia -que tiene el Cacereño- probablemente será compatible con los usos que quiere llevar a cabo».

El uso deportivo es compatible en el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo con otras utilidades. El plan detalla que el uso dotacional, en su clase de equipamiento como es el deportivo, está concebido como un sistema flexible, de tal forma que dentro de dicha clase se permite el cambio de tipo. 

Los usos que entran dentro de esta clase de suelo son Administrativo-Institucional, Sanitario-Asistencial, Social, Deportivo, Docente, Cultural, Religioso, Servicios Urbanos y Genérico. Un centro de salud, una residencia de mayores, una clínica sanitaria o un colegio son compatibles con el deportivo. No obstante, para «la sustitución de un tipo de equipamiento, entendiendo por tal la última actividad en él desarrollada, se requerirá informe previo de los servicios municipales y autorización del órgano competente en cuanto a la falta de necesidad del mismo o de la mayor necesidad del nuevo uso propuesto en su sustitución en función de las demandas del ámbito de implantación en que se encuentre», según se detalla en la norma urbanística de la ciudad que en su actual redacción está en vigor desde 2010.