El ayuntamiento va a estudiar cambiar las condiciones con las que se vendieron hace 45 años al Cacereño los terrenos que ocupa el estadio Príncipe Felipe. Esto es lo que ha pedido el club en varias ocasiones. La última en febrero de 2020. Esta vez parece que su demanda no chocará contra la negativa de los informes técnicos del consistorio que califican de improcedente esta modificación. Detrás de esta demanda del club no hay dar al suelo otros usos, sino eliminar las cargas contractuales que tienen el terreno y las instalaciones para que se puedan hipotecar y obtener financiación para sanear las cuentas del Cacereño.

Lo que quiere el equipo es «autofinanciarse con una garantía hipotecaria» sobre sus instalaciones deportivas, según detalló este jueves Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño. La carga que ahora tiene el estadio y los terrenos es que se vendieron por parte del ayuntamiento con unas condiciones que en caso de incumplirse harían que el suelo -con lo que hay encima- revertiese al consistorio sin tener que pagar ninguna indemnización al club. Con estas condiciones «no podemos optar a la financiación» de una entidad bancaria, precisó Ordóñez.

Son unas condiciones que en parte ya se han cumplido, pero que obligan al equipo por un periodo de 50 años desde la fecha de la venta, un plazo que se cumple en 2026. Aunque sea el titular de las instalaciones, hasta ese año el Cacereño no tiene el pleno dominio sobre todo porque un incumplimiento de los requisitos de la venta podrían facilitar que el ayuntamiento reclamase que todo volviese a su propiedad.

Estas condiciones se resumen en que el suelo se tiene que destinar a usos deportivos hasta 2026. Ordóñez explicó que esto no se pone en duda por parte del equipo, ya que lo que se pretende por el club es eliminar las cláusulas que impiden que puedan conseguir financiación de una entidad de crédito. Cualquier cambio del uso urbanístico está descartado por parte del club en la solicitud que se planteó al consistorio en febrero de 2020 y que ayer se llevó a la comisión informativa de Urbanismo del ayuntamiento. 

El uso deportivo es compatible con otras utilidades dotacionales, pero se necesitaría la autorización municipal. Otros usos, como el residencial o el terciario -comercial, ocio...-, no entran en la calificación que ahora tiene el suelo. Los terrenos que ocupa el estadio y el campo de entrenamiento tienen un uso urbanístico de equipamiento deportivo. Al sur del estadio, el suelo sí es residencia, pero es un nuevo sector que se desarrollaría a largo plazo. Al norte del campo está el camping.

La propuesta del Cacereño llegó a la comisión de este jueves con los informes en contra de los servicios de Patrimonio y de la Secretaría General, que son rotundos en que esas cargas o requisitos con los que se hizo la venta del suelo al Cacereño no se pueden eliminar, incluso precisan que esas condiciones no se pueden modificar. El expediente llegó a la comisión de este jueves con una propuesta técnica para que se desestimase.

Pero en la comisión se acordó, a propuesta del PP, dejar el expediente sobre la mesa para buscar una alternativa. Para aplazar el debate y dejarlo fuera del orden del día se tuvo que votar. La propuesta del PP tuvo mayoría de apoyos al sumar los votos de Ciudadanos y de los ediles no adscritos. El PSOE y Podemos se opusieron a que se dejase sobre la mesa. El portavoz del PP, Rafael Mateos, insistió en que ahora se tendrá que buscar una alternativa «para modificar» las condiciones de la venta del suelo de hace 45 años, unos cambios «con las salvaguardas del interés público que sean necesarias», apostilló. Mateos lamentó este jueves que en este asunto el gobierno local de Luis Salaya «se ampare en informes técnicos en lugar de trabajar en la búsqueda de alternativas».

No solo el PP se mostró este jueves a favor de la eliminación de las cargas que impiden al club hipotecarse, también los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, ambos del partido Cáceres Viva, se posicionaron en el mismo sentido. En un comunicado, ambos ediles aseguraron que «no se puede esperar cinco años, hasta 2026, porque se impide al equipo que pueda tener acceso a otros tipos de ingresos».

A preguntas de este diario sobre el posicionamiento del gobierno en este asunto, desde el ejecutivo local se afirmó que se trata de «un tema jurídico que puede tener importantes implicaciones». Y se anunció que se ha convocado una reunión con los portavoces de los grupos políticos municipales para «abordar la situación y ver las posibles soluciones». Además se recordó que por parte del gobierno local se han facilitado opciones al equipo como «el montaje de una terraza de verano, así como solucionando los usos complementarios a su licencia».

En un tuit del pasado martes, el alcalde, Luis Salaya, aludía a que los informes técnicos no dejaban otra solución que desestimar la propuesta hecha por el conjunto verdiblanco, «y eso nos obliga a trabajar en otros caminos para llegar al mismo sitio». Además recordó que en cinco años el equipo se podría liberar de las cargas y cláusulas de la venta del terreno. Esas alternativas se tendrán que abordar a partir de ahora tras lo ocurrido este jueves en la comisión.

No es la primera vez que el equipo solicita al ayuntamiento la supresión de las cláusulas de la venta del suelo, ya lo hizo en 1996 y el consistorio desestimó la solicitud del club de fútbol.  

¿Qué pretende el equipo de fútbol con la petición hecha al ayuntamiento?

Simplemente que los terrenos y el campo de fútbol no tengan ninguna carga contractual. La razón es que esta condición está impidiendo al club obtener de una entidad financiera recursos económicos para sanear su economía. El ayuntamiento vendió hace 45 años cinco hectáreas al club para el campo y otras instalaciones deportivas con unos requisitos que condicionan su utilización y fin. Estas condiciones vencen en 2026. Hasta entonces el Cacereño no tendrá la propiedad plena, ya que si no se cumplen esos requisitos el suelo -con el estadio- revertiría al ayuntamiento. Con esta situación, el club no encuentra un banco que hipoteque el estadio e instalaciones. 

¿Por qué los informes técnicos son contrarios a que se quite esa carga?

Porque cuando el ayuntamiento decidió en 1974 vender el suelo lo hizo a precio de coste para favorecer una finalidad de interés público: la construcción de instalaciones deportivas que en ese momento no podía abordar directamente el ayuntamiento por las cargas financieras que entonces pesaban sobre la hacienda municipal. Los informes de los servicios de Patrimonio y de la Secretaría General del ayuntamiento coinciden en que dado que hubo un interés público cuando se vendió el suelo sería improcedente la liberación de las cargas que pesan sobre el mismo y las instalaciones antes del plazo de 50 años, que se estipuló en el acuerdo de venta. Ese plazo vence en 2026.

¿Qué puede pasar a partir de ahora y qué solución se podría decidir? 

De momento el Cacereño ha conseguido que se aplace el no del ayuntamiento a su petición. La salida se tiene que dar ahora y a corto plazo (si se eterniza y se deja pasar el tiempo se llegará al 2026 y todo esto no tendrá sentido). El gobierno aseguró este jueves que se ha convocado una reunión con los portavoces políticos, técnicos y el secretario general, que es quien tendría la última palabra para dar una salida jurídica a esta situación. Desde el grupo municipal del PP, que fue el que propició que el expediente se dejase ayer sobre la mesa, se recordó este jueves que el acuerdo es de hace 45 años y que habría cuestiones de interés público que pueden favorecer su modificación.