Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cannabis es la droga ilegal más consumida en el mundo. Durante los últimos tiempos ha aumentado entre los más jóvenes porque no creen que pueda crear adicción o perjudicar su salud. Sin embargo, los estudios coinciden justo en lo contrario. La marihuana disminuye las funciones de atención, concentración y memoria. Puede causar reacciones agudas de ansiedad y, en personas con predisposición a padecer trastornos mentales, provocar su aparición o agravarlos. Así lo recoge el Plan Nacional sobre Drogas, que recuerda que la adicción aparece entre el 7% y el 10 % de las personas que lo prueban, y en 1 de cada 3 consumidores habituales.

Hay otro efecto colateral: el cannabis es más accesible que otras sustancias y a veces supone la puerta de entrada a drogas muy peligrosas. España, por su clima, se ha convertido en el principal productor de Europa.  Razones que han llevado a la Guardia Civil a poner en marcha este mismo año a nivel nacional la ‘Operación Miller’ para la erradicación de la producción y tráfico ilegal de marihuana. La Comandancia de Cáceres mantiene activa de forma permanente la vigilancia sobre posibles cultivos. Los datos hablan por sí solos. Desde enero de este año se han aprehendido 8.500 plantas en la provincia frente a las 938 del año pasado, en un total de 44 plantaciones (frente a 31). Hay 56 detenidos/investigados, 27 más que durante 2020. A los datos del 2021 hay que sumar otros 16,5 kilos de cogollos de una superficie que ya había sido recolectada. Aun así, 2019 continúa siendo el ejercicio récord debido a una operación muy especial: los agentes del equipo ROCA se incautaron de un monumental alijo en Alcuéscar con 21.692 plantas en 5 hectáreas.

Cultivo ‘indoor’ en Villa del Campo, en dos habitaciones de una vivienda. COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

Según la información pormenorizada que facilita la Oficina de Comunicación de la Comandancia de Cáceres, durante 2021 las operaciones para el desmantelamiento de cultivos de marihuana se han sucedido a lo largo y ancho de la provincia cacereña, tanto en espacios interiores (indoor), como al aire libre (outdoor): 303 plantas en Villa del Campo, en marzo; 1.300 esquejes y 1.600 plantas en Miajadas y Escurial, en mayo; 917 plantas y abundante material para cultivo y producción en Casar de Miajadas, en julio; 474 plantas con dos detenidos en Miajadas, en agosto; medio centenar de plantas en cuatro cultivos en Moraleja, Gata y Riolobos, en agosto;  otras 94 plantas y 15 kilos de cogollo en Cadalso, Santibáñez el Alto y Moraleja, en octubre...

«Parece observarse cierta tendencia al alza en los cultivos de cannabis, no tanto por el volumen de plantas incautadas en nuestra provincia, pero sí en cuanto al número de plantaciones ilegales desmanteladas», analiza la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Cáceres. Respecto a los detenidos, no existe un perfil determinado: «En las actuaciones contra el cultivo ilegal de cannabis se dan supuestos en que los responsables se acaban de iniciar en la actividad ilícita, mientras que en otras ocasiones nos encontramos con individuos u organizaciones criminales cuyos miembros cuentan con antecedentes penales o policiales relacionados con el tráfico de drogas», señala.

Pero el mundo del cannabis es realmente complicado. Engloba muchos matices que los delincuentes tratan de aprovechar para burlar la legalidad, y que la Guardia Civil debe controlar al detalle para frenar su cultivo y posterior mercadeo en las calles. Para empezar, hay que entender que la planta tiene unas partes fiscalizadas (siempre sujetas a autorización de la administración), que son las sumidades floridas, conocidas como ‘cogollos’. «En ellos se concentra la mayor parte de su componente psicoactivo, el tetrahidrocannabinol o THC, pero también la mayor parte de otros cannabinoides, como el cannabidiol o CBD, que carece de efectos psicoactivos, y al que se le reconocen efectos analgésicos, antiinflamatorios y ansiolíticos», detalla la oficina de Comunicación.

Cultivo supuestamente industrial en La Vera que, tras las pruebas, resultó ilícito. COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

Esas sumidades floridas o cogollos, y todo lo que se extraiga de ellos (su resina y los extractos y tinturas de cannabis) están considerados por la legislación nacional o internacional como estupefacientes (aparecen en la Lista I de la Convención Única de 1961). «Incluso el CBD que sale de estas partes y de las hojas unidas a las mismas, tiene, sin excepción, la consideración de estupefaciente, aunque carezca de efectos psicoactivos», insisten los profesionales de la Comandancia.

Pues bien. En los últimos años se viene produciendo un considerable aumento de la demanda de productos elaborados con CBD. Solo en este caso se puede cultivar, producir, distribuir o comerciar cannabis para obtener cogollos destinados a CBD, pero con varios requisitos: siempre previa autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), siempre sujeto al control de las autoridades, y solo para fines médicos, científicos o de investigación. ¿Por qué? «Porque el CBD obtenido de los cogollos, independientemente de su contenido en THC o de si son flores masculinas o femeninas, se considera estupefaciente».

Cogollos de marihuana secos aprehendidos por la Guardia Civil en Almoharín. COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

La razón estriba en que el método de extracción utilizado para lograr el THC o sustancia psicoactiva a partir de la planta del cáñamo es idéntico al que se emplea para obtener CBD. De ahí que el proceso esté sometido a férreo control administrativo. Ahora bien, si el CBD se extrae de tallos, raíces u hojas no unidas al cogollo, por síntesis química, no se cataloga como tal.

Por tanto, son ilegales absolutamente todas las plantaciones de cannabis destinadas al aprovechamiento de los cogollos y hojas anexas que no estén autorizadas por la AEMPS. Cualquier cultivo se considerará ilegal y requiere actuaciones de investigación penal. Y aquí, la jurisprudencia de Tribunal Supremo considera indiferente el grado o proporción de THC en las plantas incautadas: las consecuencias para el delincuente serán las mismas.

HASTA SEIS AÑOS DE PRISIÓN, MÁS MULTA

Los delitos por cultivo, producción o tráfico de cannabis se regulan en el artículo 368 del Código Penal, que los castiga con prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito, si fueran sustancias de grave daño a la salud, y de prisión de 1 a 3 años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

Además de la extracción de CBD, también está aumentando el cultivo de cannabis para fines industriales, es decir, para obtener fibras o semillas. Es el conocido cáñamo industrial. Pero ojo, porque en ningún caso pueden aprovecharse los cogollos, y además las variedades empleadas deben carecer de principio activo estupefaciente (THC no superior al 0,2 %). «Esta proliferación ha supuesto un cambio de paradigma en cuanto a la visibilidad del cannabis. Actualmente es habitual observar plantaciones en muchas provincias. Incluso los titulares, aunque no tienen la obligación de hacerlo, acostumbran a realizan comunicaciones de forma presencial y documentada a la Guardia Civil para advertir de su legalidad», explica el servicio de Comunicación de la Comandancia.

Nuevas picarescas

Pero esta abundancia de marihuana ‘lícita’ ha dado lugar a situaciones de picaresca y engaño: «Personas u organizaciones dedicadas a la generación o tráfico de estupefacientes, aprovechan en ocasiones esa fachada legal con el fin de ocultar tras ella sus actividades delictivas». Por ello, si existen sospechas, la Guardia Civil tiene la obligación de chequear las supuestas plantaciones industriales en aras a acreditar su naturaleza y nivel de toxicidad, y comprobar que efectivamente tienen el uso debido. Por cierto que los delincuentes también roban éstas para mezclarlas con las psicoactivas y ampliar la mercancía.

Finalmente hay que subrayar que el agricultor no puede alegar desconocimiento si le incautan cultivos con un THC superior al 0,2 %. Únicamente es legal cultivar semillas certificadas de determinadas variedades de cáñamo, que se comercializan en envases debidamente cerrados con una etiqueta identificativa. 

TRES PROPUESTAS PARA SU LEGALIZACIÓN

Durante este otoño se han presentado hasta tres propuestas para regularizar la producción, distribución y consumo del cannabis en España. La primera de ellas, de Más País, ya ha sido tumbada en el Congreso. Las dos restantes son de Esquerra Republicana (ERC) y Podemos. Aún deben debatirse, aunque la clave está en el voto del PSOE, que en principio no parece favorable a aprobarlas al menos en sus actuales términos, porque primero quiere abordar su uso terapéutico desde una perspectiva sanitaria.

  • La iniciativa de Más País proponía regularizar el cannabis, entre otros aspectos, para aflorar un negocio ilegal de miles de millones de euros, de modo que pudiera aportar hasta 3.000 millones en impuestos anuales, y empleo legal. En materia de autoconsumo, limitaba un máximo de hasta 12 plantas y no emplear potencias superiores a los 1.200 vatios en la producción. El almacenaje de derivados de floración seca no podría superar los 3.650 gramos, y las resinas o aceites no excederían de los 1.000 gramos.
  • La propuesta de Esquerra, presentada el mismo día que la de Más País, coincide en pedir un impuesto especial sobre el cannabis del 35%, pero hay diferencias en cuanto al autoconsumo: ERC limita a seis plantas el número máximo de cosecha por persona en un domicilio privado, con una recolección máxima de 480 gramos anuales, y deja margen a otras acotaciones de las administraciones.
  • Por su parte, Podemos ha presentado una proposición de ley para legalizar su consumo en adultos, pero no en la vía pública, solo en el ámbito privado, en los clubes sociales y en salas de consumo con licencia. Abre la puerta al autocultivo, máximo 20 m3 en exteriores o no más de 1.200 vatios de potencia lumínica en interior, con un almacenamiento máximo de 3.650 gramos de cogollos o 1.000 de extracciones de cannabis.
  • Por otra parte, cabe recordar que en octubre se constituyó en el Congreso una subcomisión para analizar durante seis meses el uso medicinal del cannabis, y la experiencia del medio centenar de países que lo han regulado.