Los tres acusados de los robos en ocho negocios en dos noches en Cáceres defienden que son inocentes. Así lo manifestaron con unanimidad los imputados por los hechos que se produjeron en dos madrugadas de enero de 2018 en la zona del entonces Eroski y Moctezuma en su declaración ante el juez. La Audiencia Provincial acogió finalmente este jueves el juicio por este asunto cuatro años después de que se produjeran los hechos y tras reiterados aplazamientos por la falta de acuerdo entre las partes, el último el pasado mes de diciembre.
De esta forma, los tres acusados J. G. C. , C. G. C.y J. N. G., el último acudió desde prisión escoltado por la Policía Nacional donde cumple otra condena, manifestaron cada uno en respuesta a las preguntas tanto de fiscalía como de su defensa que no tienen relación con los hechos y aseguraron que en el momento de los hechos ninguno de los tres, residentes en Badajoz, había visitado la capital cacereña. Se da la circunstancia que J. N. G. en la fecha del delito se encontraba en búsqueda y captura y en su argumento, defendió que no pudo cometer los robos debido a que por esta situación «permanecía escondido» para evitar ser arrestado. De la misma forma, descartan ser autores de robos durante dos noches de una misma semana: «Si robas en una ciudad un día, ahí ya no vuelves más».
Por su parte en su declaración como testigos, los agentes de la Policía Nacional y de la brigada judicial defendieron que los tres fueron reconocidos e identificados por las cámaras de seguridad de dos de los negocios afectados por los robos, del bar Paseo Central --fue objeto del robo la primera noche-- y de la clínica Dentalife -la segunda madrugada-. En el caso de J. G. C. aparecía su rostro en una de las grabaciones, en el caso de J. N. G. iba ataviado con la misma ropa con la que fue detenido y en el último, C. G. C., su rostro no se reconoce pero los agentes sostienen que se le identifica por su complexión física.
De la misma forma, sostuvieron ante la Audiencia que en todos los robos mantuvieron un ‘modus operandi’ que respondía a que los locales no tuvieran suficientes medidas de seguridad como alarma o cierre o que dejaran el bombín de la cerradura sobrepuesto para evitar sospechas a simple vista.
La fiscalía pide para ellos entre cinco y nueve meses y siete años de prisión por robo con fuerza en las cosas y por pertenencia a banda organizada.
