El pleno de la corporación local de Cáceres aprobará en su sesión de este jueves la moción que presenta el grupo municipal del PP para la elaboración y aprobación de una ordenanza que regule los alojamientos turísticos. El alcalde, Luis Salaya, confirmó que el gobierno municipal dará su apoyo a la proposición. PSOE y PP cuentan con votos suficientes en este órgano local para que la iniciativa prospere.
La aprobación de esta ordenanza es una demanda que parte del sector y de la asociación de vecinos Ciudad Monumental. Cáceres cuenta con 262 alojamientos turísticos con una oferta que supera el millar de plazas, según datos de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura.
Su presidenta, María Fernández, se mostró a favor de la regulación de las aperturas, no de una limitación, pero sí de poner un control a situaciones como las que, según explicó, se están dando con inversores que adquieren edificios enteros del centro para destinarlos a alojamientos. «Como no se controle pasará lo mismo que en otras ciudades donde lo único que hay -en sus centros históricos- son alojamientos turísticos».
«Es algo que llevamos exigiendo desde hace tiempo», recordó el presidente de la asociación vecinal, Juan Manuel Honrado, que aseguró que la gentrificación ya está «asomando las orejas» en Cáceres. Según el último estudio estadístico de población de Cáceres, todos los sectores en los que se divide el casco viejo perdieron población durante 2020, la única excepción fue la plaza Mayor, que durante ese año ganó 4 vecinos. «En la asociación no estamos en contra, han hecho una buena función, pero si es buena una ordenanza porque un exceso sería perjudicial», precisó Honrado.
El objeto de la ordenanza «no es para que se limite su implantación», contó el portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, sino que el fin último es «una regulación específica que dé mayor seguridad jurídica a los empresarios y que clarifique las normas en las que moverse el sector». Los alojamientos tienen actualmente una regulación en la ley de turismo de la Junta y en el plan general de urbanismo.
El concejal de Turismo, Jorge Villar, con el que el sector y la asociación vecinal han mantenido reuniones para abordar la regulación, comentó que la solución «es compleja», ya que no solo se trata de regular la instalación de estos establecimientos, sino también en materia fiscal. El segundo punto de la moción plantea que se modifiquen las ordenanzas fiscales para que «confieran un tratamiento específico y adecuado a estos alojamientos», según el acuerdo que se recoge en su texto.
Jurisprudencia
Fernández recordó que hay jurisprudencia con sentencias que resuelven que los alojamientos turísticos tienen que tener la consideración de vivienda a la hora de determinar su valor catastral y no la de establecimiento hotelero. El valor catastral es una de las dos variables que determinan lo que se paga de IBI por un inmueble. En cuanto a la tasa de basura, la presidenta del colectivo recordó que también hay jurisprudencia que determina que los alojamientos turísticos tienen que tener la considera de vivienda y no de establecimiento hotelero. Fernández apuntó que en Cáceres un alojamiento turístico que tiene una única habitación paga lo mismo que un hotel que cuente con varias habitaciones.
Villar opinó este martes que en Cáceres aún «hay margen» de crecimiento para la apertura de nuevos alojamientos turísticos, «no hay una saturación de alojamientos turísticos». El edil dio ayer algunos datos sobre la implantación de estos negocios en la ciudad. Así precisó que en 2019 había 223 alojamientos, mientras que dos años después esta cifra ha subido hasta los 262. En cuanto al grado de ocupación, en 2019 fue del 33,5% de las plazas, el año pasado se llegó al 44,2%.
En un estudio que sobre los apartamentos turísticos de la ciudad realizaron, entre otros, los profesores Juan Ignacio Rengifo, Antonio Campesino y José Carlos Salcedo, se concluye que el proceso de rehabilitación de viviendas en el conjunto histórico «se encuentra directamente vinculado a la eclosión de más de un centenar de apartamentos turísticos entre los años 2010 y 2019».
El estudio recoge datos hasta el 2019 y en sus conclusiones se detalla que «los principales efectos beneficiosos» del aumento de estos alojamientos «se centran en la rehabilitación del patrimonio construido», aunque también se llama la atención sobre «la inquietud» que existe «por los efectos que este crecimiento puede acarrear para la población residente» en el casco histórico.
