El pasado fin de semana esta cacereña, que prefiere preservar su identidad, empezó a detectar pequeñas anomalías en su banca electrónica del Banco de Santander. Lo notó al tratar de hacer un envío de dinero a través de Bizum, donde se le indicaba que no se reconocían los contactos del terminal. Lo achacó a que acababa de cambiarse de teléfono móvil. Lo que hizo fue borrar la aplicación y volver a descargarla. Todo comenzó a funcionar con normalidad. Sin embargo, su sorpresa llegó el martes cuando recibe una llamada de la sucursal diciéndole que estaban detectando movimientos extraños en su tarjeta.

Y así era. Había cuatro operaciones, tres de ellas no autorizadas de 789,97 euros, 1.100, 77 y 2.208,55. El problema es que 15 minutos después se le cargó otra operación, esta vez autorizada, por valor de 1.100, 19 euros. Todas ellas de una empresa llamada Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas que proporciona una plataforma para comerciar más de 100 activos digitales. El cargo se realizaba desde Lituania. Si los cuatro cargos hubieran sido aceptados, la cacereña habría perdido 5.199,48 euros.

Así las cosas, el banco le aconsejó que lo más lógico era anular la tarjeta. A partir de ahí la afectada contactó con el departamento de Ciberseguridad del Santander. Se ha abierto un expediente y está a la espera de que le devuelvan el dinero. "Me dijeron que si encuentran dificultades deberé poner una denuncia en la policía, pero que de momento espere".

Algo parecido le sucedió la semana pasada a otro cacereño, un joven que en su teléfono móvil recibió un SMS aparentemente del Banco de Santander. Le indicaban que su cuenta había sido bloqueada. Él recordó que conservaba una cuenta de su periodo universitario, que ya no utilizaba. En el mensaje le pedían el DNI, lo facilitó. Seguidamente que aportara la clave de la cuenta, como no la recordaba, al azar dio los números que coincidían con su credencial de acceso al campus virtual. Como no era la correcta el sistema no le permitió dar ningún otro paso. El joven, extrañado por lo sucedido, copió en Google el enlace del SMS y allí le alertaron de que se trataba de una estafa. Como no se quedaba tranquilo, acudió a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres donde los agentes le confirmaron que se trataba de un timo pero que no era necesario interponer una denuncia puesto que no se había producido finalmente el robo.

La UCE alerta de las estafas

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura se alerta de la proliferación de este tipo de estafas. De hecho, la UCE acaba de recuperar en los juzgados para uno de sus socios 3.000 euros por fraude online. Hace unos meses perdió esta cantidad de una tarjeta asociada a la cuenta corriente de la que es titular.

Tras una reclamación en primera instancia, Unicaja Banco, que es la entidad con la que tenía sus contratos bancarios, denegó la devolución de esa cantidad alegando que las operaciones estaban correctamente autenticadas. Sin embargo, y tras la demanda interpuesta por la Unión de Consumidores de Extremadura, el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Mérida ha dictado sentencia firme por la que condena a la entidad bancaria a devolver íntegramente el importe reclamado, más los correspondientes intereses. 

"Recordamos -explican desde la UCE- que en los cargos no reconocidos por los clientes, son las entidades financieras quienes tienen que demostrar que aquellos actuaron con negligencia o cometieron fraude. En un contexto como el actual -añade-, en el que las reclamaciones por fraudes bancarios online se están multiplicando, desde la Unión de Consumidores de Extremadura aplaudimos que la normativa de protección a los clientes bancarios en estas situaciones esté funcionando, y animamos a quienes hayan sufrido este problema a que se pongan en contacto con nosotros".

Cuando alguien es víctima de la estafa, debe acudir a la UCE. Desde allí se reclama el dinero en primera instancia a la entidad financiera. Lo que hace la Unión de Consumidores es comprobar si el banco ha cumplido con la normativa que regula la materia de protección de pago. Si no aporta esa documentación y se niega a la devolución, "inmediatamente se inicia un proceso judicial", subraya la organización.

Al despacho de la UCE llegan todas las semanas alertas de estafa a través del denominado sistema phishing o de suplantación de identidad. Las hay del Santander, de Unicaja... La última es la del peligroso SMS falso de La Caixa que intenta robar tus datos. En esta nueva estafa, se hacen pasar por La Caixa y nos dicen que no podremos usar nuestra cuenta si no activamos "el sistema de seguridad", algo semejante a lo que le ocurrió al joven cacereño con el Santander.

Las faltas de ortografía, un aviso

Por ello, proporcionan un enlace "con el que tratarán de captar todos nuestros datos bancarios. La primera alarma que debe saltarnos en este caso es la cantidad de faltas de ortografía que incluye el SMS, que reza lo siguiente: "Caixabank: Apartir del 15/02/2022 No puedes utilizar su cuenta. Tienes que activar la nueva sistema de seguridad web. Activa ahora." Si nos paramos a leer el mensaje, solo por las faltas de ortografía ya debemos tener claro que es un intento de estafa. Respecto al enlace, nos lleva a una interfaz que clona el acceso seguro de CaixaBankNow. El objetivo es que introduzcamos nuestro identificador y contraseña. En caso de hacerlo, ya tendrían acceso a nuestros datos al completo. En otros casos, los usuarios están reportando un SMS muy similar, que en este caso alude a que no podremos usar nuestras tarjetas de crédito si no completamos los datos para "activar el sistema de seguridad".

UCE reitera en que las entidades no mandan directamente ni correo ni SMS para que un usuario cambie de pin, sino que esas operaciones se realizan por la aplicación. Recomienda, por tanto, leer con detenimiento los SMS que lleguen a nuestro teléfono, no fiarnos de enlaces que no parezcan oficiales y estar atentos a incongruencias en el texto o grandes faltas de ortografía para que sea más sencillo detectar que el mensaje es fraudulento. Finalmente la Unión insiste en que los usuarios deben actuar con responsabilidad pero que las entidades son las que tienen, por ley, "proteger los intereses económicos legítimos de sus clientes".