Carpetazo judicial a la polémica reforma en Alzapiernas. El vecino que inició el litigio contra Junta y ayuntamiento porque la calle no respetaba la normativa de accesibilidad tras la polémica reforma a la que fue sometida para instalar unas escaleras mecánicas anunció este viernes que retira la denuncia. El cacereño Juan Carlos Caso, que sufre una discapacidad, inició su batalla en los tribunales hace dos años para pedir una solución a las deficiencias que se habían producido tras la obra e interpuso un contencioso administrativo contra el ayuntamiento porque no le facilitó la documentación necesaria, que llegó a ser requerida por el juez hasta en tres ocasiones. A esta situación hay que sumarle que cuando dispuso del material no se encontraba en formato accesible, una situación que acompañada de la pandemia provocó el proceso se dilatara en el tiempo. 

Finalmente, el denunciante ha decidido abandonar la vía judicial tras «consultar con abogados, familiares y amigos» debido en primer lugar, a la dificultad de continuar en la lucha sin respaldo y en segundo lugar, al entender que existe intención por parte del ayuntamiento por corregir las deficiencias aunque considere que «no es suficiente». Tras especulaciones después de que se acabara la obra para instalar las escaleras mecánicas en la anterior legislatura con Elena Nevado al frente, la nueva corporación decidió que no se levantaría la calle de nuevo y solo se harían pequeñas intervenciones para mejorar la accesibilidad en esa vía y alrededores. Esas intervenciones fueron anunciadas en marzo del 2021 y a día de hoy solo se ha actuado en San José y Zurbarán. El argumento que ofreció el consistorio es para justificar la demora en los trabajos es que no habían llegado los materiales de señalización para Alzapiernas y la intención es que arranquen en las próximas semanas. 

Al margen de que anunciara el fin de la batalla legal, en declaraciones a los medios acompañado de su abogado, Caso aprovechó para reiterar el malestar por una obra que consideró «un total despropósito» y «despilfarro de dinero público» y criticó que la administración no haya asumido responsabilidades al respecto. Lamentó por un lado la «inacción» por parte de la dirección general de accesibilidad ante los informes de Otaex y Apamex que denunciaban «barbaridades urbanísticas en materia de accesibilidad» y el «conformismo» de la Junta por zanjar el asunto «con las cuatro actuaciones que va a llevar el ayuntamiento».  

Sobre este asunto, se pronunció el ayuntamiento cacereño, que calificó de «justa» y «lógica» la decisión de Caso de dar por concluido el litigio. Por su parte, la concejala María José Pulido defendió «que la solución que se buscó en su momento para Alzapiernas no fue del gusto de este equipo de gobierno» -se aprobó en la anterior legislatura con el PP en el gobierno- pero una vez que está hecho, la intención municipal ahora es «cumplir con todas las medidas y buscar la mayor accesibilidad posible».