El Juzgado de Instrucción número 5 de Cáceres ha archivado las diligencias abiertas a la directora de la residencia Asistida por los fallecidos durante la primera ola de la pandemia. Según el auto que ha emitido el tribunal y al que ha tenido acceso este diario, la jueza ha acordado el sobreseimiento de la causa en la que la responsable del centro de El Cuartillo se encontraba como investigada tras la querella colectiva que familiares de los residentes fallecidos interpusieron por un presunto delito de homicidio por imprudencia contra el geriátrico, el que más muertes acumuló durante los primeros meses de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. 

En el escrito, la magistrada justifica que «por parte de su directora se actuó de forma correcta en lo que se refiere a los pacientes y organización de la residencia» ya que en todo momento «hay un seguimiento de la evolución médica, se instauró a los pacientes el tratamiento acorde a sus padecimientos y se dieron los cuidados adecuados a su propia situación en concordancia con la situación que se estaba viviendo a nivel mundial y nacional». Sostiene en su veredicto que «no se ha acreditado la falta de aislamiento de los residentes, ni tampoco se ha acreditado que no se siguiera el protocolo, no se aprecia la existencia de una grave, o menos grave negligencia por parte de la investigada, ya que actuó conforme a la situación que estaba viviendo». «No solo resultaba imprevisible a primeros de marzo la evolución de los contagios y de los letales resultados, lo que ya de por sí eliminaría el elemento psicológico de la imprudencia, sin o que las actuaciones que se llevaron a cabo completaban una actuación cuidadosa con la normativa», recoge el auto. 

De la misma forma, la jueza pone de manifiesto que «hasta el 4 de marzo los centros no contaban con normas específicas sobre ordenación de las residencias y únicamente existía una publicación de 5 de marzo denominada recomendaciones» y tras la declaración tampoco se contó con normas específicas». En relación al tratamiento a los residentes, sostiene que «queda fuera de toda duda que todos los fallecidos fueron tratados como el resto de los enfermos y de acuerdo con las capacidades de un sistema sanitario colapsado». 

También recoge el escrito para sustentar su veredicto la testifical de geriatras y médicos, que han defendido en todo momento que se siguió el protocolo. El auto no es firme y cabe recurso de reforma y apelación. La defensa de los familiares estudiará si recurre el auto. Si finalmente no recurren se pondrá fin al camino en los tribunales de la querella el 30 de julio de 2020 los familiares de fallecidos presentaron de forma colectiva y que fue admitida a trámite por el juzgado una semana después. A lo largo de estos meses, se ha requerido al SES y al Sepad la documentación necesarias y han sido interrogados tanto la directora como médicos y trabajadores de la residencia.