Una de las incógnitas que se ha puesto sobre la mesa después de que la Junta rompiera el contrato que le unía a Feafes Cáceres tras un cúmulo de irregularidades en su gestión del servicio de salud mental se encuentra en el futuro del edificio que es sede de la entidad pero cuyo terreno es de titularidad pública. 

Inmediatamente después de que el gobierno regional anunciara esta decisión, el ayuntamiento avanzó que iniciaría los trámites para que el terreno, y como consecuencia el edificio, pasaran a titularidad municipal. Sobre la evolución de este asunto, el consistorio asegura que recibió una comunicación por parte de Feafes en la que se aseguraba que seguían trabajando en el edificio y en este momento la administración realiza un seguimiento para comprobar que es así, de lo contrario, la entidad tendrá que abandonar las instalaciones ya que el acuerdo recoge que solo se cede el terreno si se le da un uso social. 

Se da la circunstancia de que más allá de que se les haya retirado el contrato de 2,3 millones para gestionar el CRR con 38 personas y 30 trabajadores, la entidad, según la versión de los propios socios, ya no existe. 

Este extremo ha sido desmentido siempre por la junta directiva, encabezada por Noelia Grande, que argumenta que la asamblea en la que se acordó la disolución de Feafes Cáceres no cumple con el reglamento y por tanto, la asociación sigue en pie. «La administración no nos dejó darnos de baja», sostiene a este diario este viernes. En este sentido, defiende que la entidad sigue activa y mantiene su fin social. «Feafes sigue existiendo aunque los socios se empeñen en que no y sigue teniendo usuarios», apunta. 

En relación al desarrollo de su actividad actual, precisa a preguntas de este rotativo a que ya no hay trabajadores contratados en el centro, sino que son los usuarios los que acuden y disponen de las instalaciones. En cuanto al pago de las facturas de luz y agua, defiende que el consistorio aprobó en pleno hacerse cargo de los importes pero sostiene que no ha sido así y que es la entidad la que afronta esos pagos. Durante meses las cuentas de la entidad han permanecido bloqueadas debido a la deuda que mantenía. El ayuntamiento desmiente que se haya aprobado en pleno.