El examen de la Policía Local de Cáceres podría anularse si se confirma la filtración

Al parecer, un día antes de que se desarrollara la prueba, llegó al sindicato CSIF un escrito firmado por una persona en concreto, en el que se sugería estudiar un tema porque se iba a preguntar sobre el mismo en el examen. No contenía la pregunta concreta, pero sí una recomendación. Finalmente en la prueba sí se preguntó sobre la materia que sugería el documento. El sindicato, que no ha querido hacer declaraciones al respecto, puso en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido y le entregó la documentación recibida. El Ministerio Público decidió entonces incoar diligencias de investigación.

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos que conlleva penas de prisión

Según explica la fiscal jefe, Marta Abellán, el expediente se inicia a raíz del escrito recibido, pero en ningún momento se ha presentado denuncia por este motivo. La investigación se encuentra aún en un estado inicial. En estos momentos se está recibiendo declaración de la persona a la que llegó el escrito y del autor del mismo. Se llamará también a los miembros del tribunal, entre los que se encuentra el inspector jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, que ejercía como vocal titular, y el jefe de la sección de sanciones, Rafael Gómez, que fue nombrado presidente del tribunal. Este último es funcionario que tiene su puesto de trabajo en la jefatura, pero no es policía.

Investigación, al inicio

La investigación se encuentra aún en curso y por tanto no se centra en nadie en concreto, sino que se investiga a todos los implicados en el proceso para esclarecer los hechos. Podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, que conlleva penas de prisión. De confirmarse este extremo, podría incluso considerarse nulo el proceso del concurso oposición, lo que supondría retrotraer el certamen y quitar las plazas a los adjudicatarios de las mismas.

Al ayuntamiento también llegó al rumor de la filtración, aunque nunca consiguieron ver el contenido del escrito. Según indica el concejal de Recursos Humanos, Andrés Licerán, recomendaba prestar atención a ese tema porque «gustaba al presidente del tribunal». Lo que habrá que concretar ahora es si esa recomendación se hizo a título personal por la persona que lo difundió o porque el presidente del tribunal comentó fuera de las reuniones celebradas para debatir sobre el proceso que se iba a preguntar sobre esa materia en la prueba.

Según el edil, en cuanto tuvo conocimiento de su existencia se puso en contacto con el presidente del tribunal, quien le informó de que ya conocía el asunto. Al parecer el tema de las filtraciones se abordó en la última reunión del tribunal celebrada antes de que tuviera lugar el examen. Fue precisamente a petición de uno de los sindicatos que asisten a dichos encuentros, que comentó la existencia de este documento, pero no lo aportó en la reunión. Finalmente el tribunal, tal y como indica Licerán, decidió «por unanimidad» continuar con el proceso porque no se mostró ninguna prueba de las presuntas filtraciones.

Las ocho plazas en juego ya están adjudicadas. Si se confirman las filtraciones podrían perder sus puestos

El ayuntamiento ha intentado conseguir el papel en el que se filtraba el temario, pero se le ha negado en todo momento. Se encuentra, eso sí, colaborando con la Fiscalía, que ya le ha requerido toda la documentación administrativa relacionada con las bases del proceso del concurso.

Por su parte el alcalde, Luis Salaya, aclara que la decisión de continuar con la prueba, aun conociéndose la existencia de esta presunta filtración, «corresponde únicamente» al tribunal. Decisión, insiste, «en la que no participa el equipo de gobierno». Y añade que «ni si quiera está claro» que el escrito «plantease algo que sea ilegal», sino que se trata de recomendaciones. Reconoce, eso sí, que situaciones como esta hacen que «se deteriore más la imagen de la administración pública».

Este diario se puso en contacto ayer con el presidente del tribunal, Rafael Gómez, que declinó hacer declaraciones al respecto. «Nos han pedido que la información la centralice el ayuntamiento», respondió al ser preguntado por este diario. Tampoco respondió a las llamadas el inspector jefe de la Policía Local.

Se da la circunstancia de que este asunto se trató también en la comisión de Régimen Interior del mes de diciembre (tres meses después de que se celebrara la prueba). Fue el portavoz del PP, Rafael Mateos, quien formuló una pregunta por este motivo, pero se decidió continuar con el proceso. «Lo importante es estar pendiente de que no se vulnere ningún derecho y el tribunal lo ha hecho constar en el acta de resolución del proceso», se dijo entonces en la comisión, tal y como se recoge en el acta de la misma.

Mateos reclama ahora al equipo de gobierno «máxima transparencia y colaboración». «Es una cuestión fundamental -añade- porque está en juego la credibilidad del ayuntamiento como institución. Consideramos muy grave el hecho de que se siembren dudas sobre el acceso a la función pública en una administración como el ayuntamiento».

Reiteró que en el mes de diciembre los populares llevaron este asunto por primera vez a la comisión «y ya pedimos explicaciones al gobierno por las noticias que estaban llegando en este sentido, y por ello es necesario transparencia y colaboración».