Actuaban como un grupo criminal organizado, con un clan familiar como cabecillas. Y se dedicaban a la distribuir droga (cocaína y hachís principalmente, aunque también heroína y MDMA) en la capital cacereña, Moraleja, Coria, Plasencia, Zarza de Granadilla, Cilleros, Guijo de Coria, San Gil y Navalmoral de la Mata. Con esta actividad ilícita los cabecillas del grupo llegaron a hacerse con un patrimonio de más de 1 millón de euros, a pesar de que no tenían ingresos y cobraban el paro.
En total hay 22 acusados, que ayer fueron juzgados por la Audiencia Provincial de Cáceres. Doce de ellos aceptaron penas de prisión de entre cuatro años y diez meses y seis meses de cárcel, por las penas de tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Las multas se acercan al medio millón de euros. Todos han solicitado la suspensión de la condena de cárcel, a la que no se opone el Ministerio Público, por lo que previsiblemente no entrarán en prisión (la mayoría estuvo en preventiva tras los hechos).
Según el escrito del fiscal, y que ellos mismos han reconocido en la vista para ratificar las penas acordadas, el matrimonio cabecilla compraba la droga a un tercero en Torrejón de la Calzada (Madrid). La pareja trabajaba conjuntamente con otro de los acusados, residente también en Madrid, con el que se encargaban de adulterar la droga que los jefes adquirían. Las sustancias que compraban era de pureza media/alta pero que después mezclaban con otros productos con la finalidad de aumentar la cantidad y así vender más.
Los jefes adquirían las sustancias en Madrid, la adulteraban y la distribuían luego en la provincia
Los cabecillas traían luego las sustancias hasta Cáceres, donde la distribuían entre cinco personas, que actuaban de vendedores en las distintas zonas de la provincia. Contaban además con la colaboración de otros seis acusados, que se encargaban de desarrollar también tareas de distribución y almacenamiento de la droga. Así como de vigilar durante los traslados para que no les pillara la policía.
Invertían en bienes
Con el dinero obtenido por las transacciones de drogas los acusados pagaban el importe de las sustancias que compraban y los adulterantes y el resto lo invertían en bienes muebles e inmuebles o lo escondían en sus viviendas. En el registro domiciliario realizado al matrimonio cabecilla, por ejemplo, se le incautaron casi 300.000 euros en billetes. Ellos habían conseguido hacerse con un patrimonio de más de 700.000 euros a pesar de no trabajar y de cobrar subsidios y el paro. Tienen dos viviendas en Moraleja, una de ellas a nombre de sus dos hijos menores y otros dos pisos de alquiler en Navalcarnero (Madrid) y en Casarrubios del Monte (Toledo).
Además cuentan con doce vehículos y un ciclomotor: siete de ellos a nombre de su hijo, uno dotado hasta de una caleta (escondite de la droga). Su hija, también menor de edad, era titular de otros tres coches y de una moto.
Otro de los matrimonios acusados y que distribuía la droga que compraban los cabecillas logró hacerse con un patrimonio de 134.000 euros y otro de ellos de casi 300.000 euros. Y todo sin que conste trabajo legal alguno. Se les han intervenido además decenas de armas y munición.
El macrojuicio obligó ayer a ocupar dos salas del palacio de justicia: la del jurado de la Audiencia y otra, debido a la falta de espacio por tener que mantener la distancia de seguridad. Así los acusados siguieron la vista por videoconferencia, mientras sus letrados y el tribunal seguían todos sus movimientos a través de una pantalla. En la sala del jurado había trece abogados defensores y el fiscal. Los imputados entraron de uno en uno para ratificar los acuerdos.
El juicio continuará el próximo 22 de marzo y se extenderá hasta el 21 de abril.
