La residencia de mayores de Garrovillas fue una de las más afectadas durante la primera ola del coronavirus, en marzo del año 2020. Fallecieron 32 de los 90 usuarios y varios de los familiares denunciaron a la empresa que la gestiona, a la directora y al Servicio Extremeño de Salud, (SES), a los que acusaba de un delito de imprudencia con resultado de muerte, de omisión del deber de socorro, de retraso en el diagnóstico y de no trasladar al hospital a los residentes que estaban contagiados.
Tras meses de investigación, en la que también ha participado la Fiscalía, el juzgado decidió archivar la causa basándose en el informe forense, que indicaba que, dadas las condiciones de un virus nuevo y desconocido, la respuesta del centro no fue deficiente. Antes de que la investigación judicial concluyera, la empresa que gestiona el geriátrico decidió despedir tanto a la directora como a una enfermera. Tal y como recoge la sentencia del Juzgado de los Social Número 2 de Cáceres, a la que ha tenido acceso este diario, el 8 de julio de 2021 el gerente las emplazó a que se dirigieran al despacho de abogados que defendía al centro en la denuncia presentada por los familiares, para reunirse con el letrado. Una vez allí, se les comunicó que se les habían abierto sendos expedientes disciplinarios previos a sus respectivos despidos, que se hicieron efectivos al día siguiente de aquel encuentro.
Se les acusaba de la comisión de «faltas graves y muy graves» en el desempeño de su trabajo «por retraso y negligencia, transgresión de la buena fe y abuso de confianza, malos tratos a los residentes, incumplimiento y abandono de las medidas de seguridad y salud». Se les advirtió además de que podrían «ir a la cárcel» o quedar «inhabilitadas» si prosperaba el procedimiento penal en curso, para que aceptaran el despido. Así, les presentó los documentos de baja voluntaria, que firmaron, pero «sin posibilidad de pedir consejo legal» a otro profesional.
Tras aquella reunión las afectadas, representadas por el letrado Estanislao Martín, denunciaron el despido. El juzgado lo declara ahora nulo. Estima que la empresa les presentó aquella baja voluntaria pareciendo que les hacía un favor, «cuando en realidad se lo hace a sí misma propiciando una extinción gratuita de los contratos». Además, les hace pasar por culpables (de lo ocurrido en el covid), «sin serlo». La empresa debe readmitirlas y abonarles los salarios que dejaron de percibir. La sentencia no es firme.
