Ha lidiado con los problemas sociales más serios a los que se ha enfrentado Cáceres, desde la gruesa polémica de La Madrila, que acabó con hosteleros en la cárcel, con vecinos medicados y con pisos infravalorados, hasta la lucha por el mantenimiento de Cefot, por un hospital digno, por un abastecimiento de agua de calidad, por una Autovía de la Plata que sacara a la provincia de su aislamiento... Y lo ha hecho todo en primera persona, viajando al Congreso y al Senado, agarrando la pancarta que tocaba en cada momento, visitando pantanos, poniendo lazos negros y sobre todo sacando de quicio a los políticos en los despachos. De carácter recio, pero a la vez dialogante y siempre pragmáticos, Miguel Salazar ha marcado sin duda una larga etapa en el movimiento vecinal cacereño.

El próximo 7 de abril dejará de ser presidente de La Madrila, a sus 83 años y tras 24 de entrega en cuerpo y alma a esta barriada. Porque Miguel se mantiene como un roble, pero sabe que tantas situaciones límite pasan factura «y ya toca descansar». Esta vez no renovará. Esta vez no. Si no hay relevo, la asociación se disolverá. También deja su participación en el colectivo vecinal cacereño, que llegó a agrupar a todas las barriadas de la ciudad, con Salazar como uno de sus principales artífices. Porque a la vez que trabajaba por La Madrila lo hacía por las deficiencias que más han humillado a los cacereños: la eterna falta de infraestructuras.

Nacido en Villanueva de la Vera en 1939, ingresó en la Guardia Civil y tras distintos destinos solicitó la capital cacereña porque su familia añoraba la tierra. «Entonces apenas había viviendas disponibles en la ciudad. Pagaba un tercio del salario por el alquiler de un 5º piso sin ascensor en la calle Badalona. Cuando empezó a construirse La Madrila no lo dudamos: estrenamos el cuarto bloque que se levantó, en la calle Santa Teresa de Jesús», recuerda.

El barrio más moderno

La Madrila trajo la modernidad a Cáceres. Constituía el residencial más grande y lujoso hasta ese momento: veinte edificios con una plaza central, Albatros, cuyos locales eran privados, solo destinados a garajes y a alguna tienda de proximidad. Luego la promotora permitió los primeros negocios de copas, Delfos y Bols, en plantas subterráneas, sin ruidos. Pero se abrió otro, y otro más… En los siguientes años, los bares invadieron La Madrila Baja y Alta hasta llegar al medio centenar, abiertos hasta el amanecer.

Miguel, que durante años iba y venía a la ciudad mientras cubría sus destinos en la Guardia Civil (fue uno de los fundadores de los Grupos Antiterroristas Rurales, formó parte de los primeros efectivos destinados a misiones de seguridad en embajadas españolas, profesor de la Academia de Úbeda…) se retiró como capitán a su vida civil a los 56 años. Por entonces, en la década de los 90, la idílica Madrila ya era un infierno de madrugada: las casas vibraban, miles de personas gritaban en la calle a pocos metros de las camas de los vecinos. No había límites. «Tuvimos incluso cinco muertes por reyertas, tiros, un apuñalamiento... Yo que no soy de miedos, no me quitaba de la ventana cuando mis hijos volvían a casa y tenían que atravesar la zona», recuerda Miguel, que confiesa que alguna vez llegó a buscar otro piso.

Pero él no era un vecino más. Durante años ejerció como presidente de la comunidad de todos los bloques para gestionar los servicios comunes y hacer las reformas que permitieran al ayuntamiento recepcionar la barriada. Por ello no se arredró cuando en la misma asamblea le propusieron y le eligieron como presidente vecinal en abril de 1998. «La situación del ruido cada vez iba a peor. En 1991 se habían producido los primeros altercados, que sacaron a la barriada en todos los informativos nacionales», rememora. En 2002, cuando la Junta de Extremadura obligó a cumplir los horarios de cierre aprobados cinco años antes, volvieron las refriegas, los antidisturbios y las detenciones.

De nada sirvió. Se utilizaron otras vías. Cuando cerraban los bares del grupo E (4.00 o 5.00 de la madrugada), reabrían a las 6.00 los que conservaban la licencia de bar normal (C). «Permitir aquello fue el mayor error, una locura insoportable», declara Salazar. De hecho, la asociación Cacereños contra el Ruido presentó una querella criminal que llevó a la cárcel a 9 hosteleros en el juicio más mediático de la historia de la ciudad, y condenó a 1 año y 9 meses de prisión tanto a la alcaldesa Carmen Heras como a su concejal de Seguridad, Carlos Jurado, por un delito continuado de prevaricación medioambiental.

Salazar recuerda aquellos episodios con tristeza. Siempre había luchado contra los ruidos que hacían del descanso una quimera. Estaba cada día en los micrófonos, en los despachos, porque quería conseguirlo con medidas administrativas, no judiciales. «Debido a mi trabajo sé lo que es llevar a un tipo a la cárcel y no se lo deseo a nadie. Era consciente de que si el tema acababa ante los jueces, ellos tendrían que aplicar la ley y algunos serían condenados». Por eso siempre ha valorado el trabajo que junto a él llevaron a cabo Heras y Jurado. «Intentaron poner soluciones, estaban en ello, no merecían el linchamiento al que se les sometió», afirma, a sabiendas de que aquella postura le costó algunas críticas vecinales.

Un problema que no se apaga

De hecho, el problema no acaba de solucionarse. «Tras la pandemia, el ambiente de la zona vuelve a complicarse, a veces, tengo que decirlo, alentado desde algunos responsables políticos. Hasta que no se trasladen este tipo de locales fuera de la ciudad, donde el derecho al ocio no interfiera con el derecho al descanso, esto no se arreglará», lamenta.

Aquella defensa a ultranza de Carmen Heras (PSOE) fue otro de los pasajes que marcaron la trayectoria vecinal de Salazar, que nunca ha ocultado su ideología conservadora. «Pero mis padres me enseñaron por encima de todo el respeto a los demás, y como yo no puedo traicionar la memoria de mis padres, no he diferenciado jamás entre alcaldes», asevera. Cierto es que presionaba tanto a los populares Saponi y Nevado, como a la socialista Heras. «Hay concejales de todos los colores a los que tengo un gran cariño y una gran estima», reconoce.

El tiempo le ha dado la razón, porque en las distintas legislaturas ha ido consiguiendo sucesivas reformas para La Madrila, desde las redes de agua y saneamiento hasta pavimentaciones de plazas, aceras, rampas, la semipeatonalización de Viena… Y aunque le faltan solo días para el adiós, seguirá reivindicando hasta el último minuto a favor de sus vecinos: «En esta legislatura no han reparado ni una baldosa en el barrio, y tenemos en Albatros un terraplén de pena, falta pavimentar algunos espacios, cambiar el abastecimiento en La Madrila Baja…».

La fuerza de los barrios unidos

Miguel Salazar también ha sido uno de los abanderados del movimiento vecinal cacereño. Siempre entendió que los barrios unidos podían hacer mucho por la ciudad, y que los vecinos conocen las necesidades «mejor que nadie». «En los albores de la Democracia, impulsado por la propia Constitución, este movimiento comenzó ilusionado con mucha actividad», destaca. La ciudadanía se puso al frente de los barrios para reivindicar infraestructuras dignas (recintos sanitarios, deportivos...). «Hay que reconocer que el alcalde Saponi construyó la mayoría de las sedes. Las asociaciones vecinales se desarrollaron en Cáceres hasta agruparse en tres colectivos: la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, con 8 barriadas, que yo presidía; la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, con 17, que lideraba Raimundo Medina; y 8 independientes», precisa. «Decían que nosotros éramos más de derechas y la federación de izquierdas, lo de siempre, pero nada más incierto, había personas de todas las tendencias. A mí no me llegaban buenos comentarios de Raimundo, y al contrario pasaba lo mismo», reconoce. Ni siquiera se conocían personalmente.

Hasta que un día coincidieron tomando un café en el Kiosco Colón antes de una entrevista en la Cope. Aquel mismo día volvieron a tomar otro café a la salida porque conectaron desde el primer minuto: «Había que unir al movimiento vecinal». Desde entonces son grandes amigos. «Hicimos la fusión al milímetro para que todos se sintieran representados, para que la política se quedara fuera del colectivo vecinal, que debe tener una base democrática y apartidista. Nosotros no preguntamos a nuestros vecinos a quién votan para defender sus derechos. Tampoco podemos dar patadas a los concejales con los que nos sentamos a exigir lo que necesitan los barrios», subraya Salazar. Así nació la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, con más de treinta barriadas. Salazar llegó a presidirla al dimitir Raimundo Medina, y luego fue reelegido.

Sin embargo, reconoce que precisamente «por problemas de politización que siempre rondan al movimiento vecinal, alentados muchas veces por los propios políticos que no quieren un colectivo unido», Miguel acabó dejando la agrupación. Eso no le retiró de su responsabilidad en La Madrila ni en las luchas ciudadanas por el hospital, el Cefot o el abastecimiento.

¿Han merecido la pena 24 años de trabajo vecinal? Miguel reconoce que a su edad no todo es blanco ni negro. Por un lado lamenta que Cáceres siga siendo «apática y proclive a criticar incluso lo que se hace bien, en lugar de ayudar». De hecho, «lo más injusto es que nos acusen a los que estamos en las asociaciones de buscar algo. En La Madrila pagamos por banco hasta las bombillas». Pero por otro lado, se alegra del trabajo realizado. «Cuanto se ha logrado para Cáceres, y las luchas iniciadas para que otros las continúen, han sido siempre gracias a la colaboración de muchas personas, pero no hubieran sido posible sin el amigo y compañero Raimundo Medina. Nos hemos metido en todos los charcos», confiesa.

TODAS LAS BATALLAS VECINALES POR LA CIUDAD

  • La lucha contra el cierre del Cefot

El 8 de marzo del 2001, el general Pardo de Santayana, por entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, anunció que el Cefot dejaría de formar soldados en diciembre del 2002. Se quedaban en el aire 250 empleos directos, otros tantos indirectos y 9,2 millones de euros anuales. Miguel Salazar fue uno de los miembros más activos de la plataforma ciudadana ‘Cáceres con el Cefot’, que durante una década luchó sin descanso, con su símbolo del lazo negro. «Saponi alegaba en Madrid que la presión de los vecinos era enorme, que había que hacer algo», cuenta. Al final la base permaneció.

  • Otra campaña por un hospital digno

Miguel Salazar también estuvo desde el inicio en la plataforma para la creación de un nuevo hospital en Cáceres (a la postre el Universitario), presidida por personal sanitario. Había polémica con la cesión del solar entre la Junta y el ayuntamiento, y el dirigente vecinal afirma que desde la Asociación de Vecinos de La Madrila se intermedió con la Fundación Valhondo y la Diputación Provincial, que finalmente cedió diez hectáreas de la finca del Cuartillo para la construcción del nuevo complejo. En enero de 2019 se abrió la primera fase con 57.000 m² de espacios amplios, prácticos y punteros.

  • En busca de agua para la ciudad

Muy controvertida ha sido la pugna por conseguir agua en cantidad y calidad para Cáceres. «Nosotros apoyábamos la primera presa del Almonte de 40 hm3, ya presupuestada con 28 millones de cara a 2004», recuerda Salazar. Pero Zapatero derogó el Plan Hidrológico «y nos obligaron a conformarnos con Portaje, una pequeña presa de 23 hm3 que necesitaba 65 kilómetros de tuberías hasta el Guadiloba». En 2012 se creó una plataforma contra ese trasvase, que tuvo a Salazar como una de sus voces, pero no lograron nada. La obra se paralizó por su inviabilidad 13 años y 50 millones después. Ahora se ejecuta una solución tomando el agua de nuevo del Almonte.

  • Pulso por la autovía que sí se logró

La lucha por conseguir que la N-630 se convirtiera en autovía fue otro de los caballos de batalla del movimiento vecinal cacereño. Miguel Salazar recuerda especialmente las visitas al Congreso y al Senado junto con Raimundo Medina, las guerras políticas y territoriales por el proyecto, y los típicos ‘vuelva usted mañana’. «Una de las veces nos dijeron que habría que esperar hasta 2011 y nos negamos a irnos de Madrid sin tener un compromiso un poco más explícito», narra Miguel Salazar. Finalmente, un impulso decidido de las instituciones permitió que en el año 2008 todos los tramos extremeños estuvieran inaugurados y en funcionamiento.