El portavoz del PP, Rafael Mateos, y la concejala Elena Manzano lanzaron este lunes una novedosa iniciativa tributaria local. La misma consiste en que el ayuntamiento dé también su ayuda a las empresas de transporte municipales a través de una bonificación, en la misma línea que el Gobierno ha acordado a nivel estatal con el sector. El mecanismo de financiación de esta medida sería lo que recauda el consistorio cacereño del impuesto de Hidrocarburos.

El Ayuntamiento de Cáceres tiene dos vías de financiación. Una son sus impuestos, prácticamente es solo el IBI, y la otra son las cesiones que recibe de Hacienda de los impuestos estatales (IVA, IRPF...). La tercera aportación por su importe es la cesión por el impuesto de Hidrocarburos. Para este año se prevé que se recibirá casi medio millón de euros de este tributo estatal. Y esta es la cantidad que el grupo municipal del PP quiere que se destine a otorgar una subvención o ayuda a empresas del sector del transporte.

No definió la fórmula. Solo lanzó la idea y lo hace ahora ya que todavía no se ha aprobado el presupuesto de 2022. Ya están decididas las inversiones que se financiarán con el presupuesto participativo, pero todavía no se han llevado las cuentas a los órganos de decisión del consistorio. No obstante, una decisión de este tipo necesitará como primera acción el informe de fiscalización de la Intervención del ayuntamiento para decidir sobre su viabilidad.

Este año la cesión que se hace por el impuesto de Hidrocarburos está muy por encima de la cantidad que se percibió en la última liquidación aprobada y que es del año 2019, entonces se concedió una cantidad de 323.555 euros. Para 2022 se contará con mayor aportación estatal para los presupuestos locales, además de mayores ingresos por el impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de vehículos, que se pasará al cobro en los próximos días.

Los populares criticaron el retraso con el que en los últimos años, desde la llegada de Luis Salaya, se están aprobando los presupuestos. Los del primer ejercicio de Salaya como alcalde no se aprobaron hasta finales de febrero, mientras que los segundos, el pasado año, no se aprobaron hasta dos meses después.  

Por otra parte, el portavoz del grupo municipal del PP reclamó al gobierno local que se agilice la tramitación de la autorización de las revisiones de licencias para la instalación de terrazas, al mismo tiempo que reclamó que se amplíe el plazo de la prórroga de la ampliación de las terrazas, al menos hasta el mes de julio. Esta tardanza en la autorización de la renovación de las licencias está creando situaciones de incertidumbre en el sector y tiene sus efectos negativos sobre el empleo, según Mateos.