El concejal no adscrito Teófilo Amores ha requerido al alcalde Luis Salaya que se desista de los concursos de plazas que se han venido ocupando por personal interino y que se convocaron antes de la entrada en vigor de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Su petición se hace tras la carta publicada por este diario el pasado domingo, en la que uno de los afectados explica que lleva 22 años trabajando en el ayuntamiento de manera interina y que su plaza se convocó el pasado mes de octubre con un concurso oposición. La citada ley lo que establece es que se saque un concurso de mérito para las plazas que se han ocupado de manera interina desde hace al menos cinco años.

Este no es el único caso, lo que ha llevado a Amores a reclamar que se desista de estos procedimientos porque se está tratando de manera injusta a estos trabajadores. Lo que pide es que en Cáceres se actúe con la misma diligencia que el Ayuntamiento de Badajoz, que en un decreto del pasado mes de febrero declaró el desestimiento de distintos procesos selectivos de estabilización, argumentándolo en que la legislación da a la administración la potestad de revocar los procedimientos iniciados de oficio y más en estos casos en los que se pretende con el desestimiento «la consecución de un tratamiento igualitario» una vez que el marco normativo es distinto con la entrada en vigor de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El posicionamiento de Amores es que si en Badajoz se ha hecho, lo mismo se puede hacer en Cáceres para evitar situaciones de agravio entre unos interinos y otros.

El edil defiende que se hagan procesos en los que todas las plazas ocupadas por interinos durante más de cinco años se convoquen con un concurso de méritos y no con un concurso oposición. Amores ya se refirió a esta cuestión en el último pleno de la corporación local, cuando en el turno de ruegos y preguntas se interesó por si el ayuntamiento tiene un censo con el total de plazas que ahora se quieren regularizar, entonces ya preguntó si se iba a desistir de los procedimientos incoados antes de la vigencia de la ley. El también concejal no adscrito Francisco Alcántara, que pertenece al partido Cáceres Viva, se interesó por este asunto en el pleno de la corporación y denunció que daba la sensación de que por parte del gobierno local se actuaba de manera distinta ante situaciones idénticas. El concejal de Personal, Andrés Licerán, contestó en ese pleno que se estaba elaborando el censo con todas las plazas de interinos a regularizar y se preguntó qué iba a pasar con los aspirantes que ya se han presentado a los concursos convocados si ahora se anulasen.

El peso de Amores es mayor al de otros concejales. Aunque no es parte del gobierno local y es uno de los ediles de la oposición, siempre se ha mostrado a favor de no entorpecer la labor del gobierno, por eso su posición claramente distinta al ejecutivo municipal en este asunto es llamativa.

Ese censo se lleva a la Mesa General de Negociación que se celebra este miércoles en el ayuntamiento. Por parte del sindicato mayoritario en el ayuntamiento, CSIF, también se está a favor de que todos los interinos tengan el mismo tratamiento, según indicó Javier Santano, representante del sindicato en la mesa. Ese censo está ahora formado por 52 interinos, las plazas se tienen que sacar a concurso antes del 1 de junio, según se indica en la citada ley. La mayoría están ocupadas de manera ininterrumpida por interinos que llevan más de cinco años en el mismo puesto, por lo que se tendrán que sacar con un procedimiento de concurso de méritos. Son plazas de distintos servicios del ayuntamiento, aunque el mayor grupo es el de auxiliares administrativos, con una decena de plazas, algunos de estos puestos están cubiertos por interinos desde hace treinta años.

El delegado de CSIF en la Mesa General de Negociación del ayuntamiento explicó que la decisión sobre si se desiste de los concursos ya convocados es «una cuestión política», ya que hay otros ayuntamientos, citó el caso de Badajoz, en el que ya se ha tomado esta decisión.