La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ordena al juzgado que tome declaración a seis alcaldes de la provincia para conocer si recibieron presiones por parte de la diputación provincial para la retirada de símbolos franquistas incluidos en el catálogo que elaboró un comité de expertos a encargo de la institución provincial. En el auto del pasado 6 de mayo, lo que hace la Audiencia es aceptar el recurso que presentó la asociación de Abogados Cristianos contra el sobreseimiento que en enero dictó el juzgado de instrucción de la querella que este colectivo presentó contra el presidente de la diputación, Carlos Carlos, por un presunto delito de prevaricación.
De lo que se trata en este proceso es de determinar si la diputación presionó a los ayuntamientos a retirar los símbolos franquista y a vincular la concesión de subvenciones a la eliminación de estos elementos. La asociación considera que esa presión se ejerció y dirige su querella contra el presidente de la diputación provincial sin perjuicio de otras personas que en el curso de la investigación pudieran ser considerados responsables. La intervención de la asociación se explica porque algunos de estos símbolos son cruces, que, una vez eliminados todos los elementos de exaltación del bando ganador de la Guerra Civil, como yugos y flechas y otros, pierden todo cariz político y devienen en un símbolo religioso y cultural.
Los seis alcaldes que tienen que declarar son los que se proponen en la querella, en la que se recoge que por parte de la diputación se está presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces, «presión que se lleva a cabo a través de vincular la concesiones de subvenciones a dicha retirada». Esos seis ayuntamientos son: Cáceres, Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera, Casar y Barrado. Llama la atención la inclusión de Cáceres porque este municipio, además de Plasencia, quedó fuera del catálogo. Sí hay en Cáceres un debate sobre la conveniencia o no de la retirada de la Cruz de los Caídos, aunque sin participación de la diputación provincial.
La Audiencia fundamenta en su auto que no se puede archivar sin más la querella y que al menos se debe tomar declaración a los seis alcaldes citados para que «arrojen luz» sobre si realmente se produjo esa presión, «la instrucción no puede cerrarse sin practicar tales diligencias. Será, a la vista de su resultado, cuando podrá decidirse, con mejor rigor, si existen indicios que justifiquen la toma de declaración en calidad de investigados de las personas que se hayan revelado responsables de tales acciones». En principio la asociación apunta al presidente de la institución provincial.
El juzgado, en un auto del pasado enero, había archivado el procedimiento porque de la documentación remitida por la diputación no se apreciaba que se hubiese ejercicio una presión.
