"Jamás, jamás, la diputación ha vinculado el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que la responsabilidad reside única y exclusivamente en los ayuntamientos, a la concesión de subvenciones". Así ha respondido este viernes el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Carlos, al ser preguntado por este diario sobre la decisión de la Audiencia de reabrir el caso de los símbolos franquistas.
«Tengo total y absoluta calma, los procesos para conceder ayudas son transparentes»
El presidente de la institución fue denunciado por la Asociación Abogados Cristianos al entender que este había presionado a alcaldes de la provincia para que retiraran los vestigios de la dictadura si querían que se les concedieran ayudas. La denuncia fue archivada en primera instancia pero el colectivo recurrió a la Audiencia, que ha reabierto el caso al aceptar el recurso presentado. De esta forma ha llamado a declarar a seis alcaldes, entre los que se encuentra el de Cáceres, Luis Salaya, a pesar de que en el catálogo no existen símbolos de la ciudad porque la capital cacereña y Plasencia fueron las dos únicas localidades de la provincia que quedaron fuera del catálogo que realizó la diputación (eso no significa que en ellas no haya vestigios; en Cáceres, por ejemplo, existe el debate de si se retira o no la Cruz de los Caídos, de hecho Abogados Cristianos recogió firmas para que no se quitara de su ubicación). Los otros regidores que pasarán por el juzgado en calidad de testigos serán los de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera, Casar y Barrado. De momento no hay fecha para que cuenten su versión de los hechos al juez.
La Audiencia también llamará a declarar al propio presidente de la diputación, para conocer también su versión. "El fondo de la cuestión no me preocupa, tengo total y absoluta calma y tranquilidad en este sentido", ha asegurado Carlos Carlos. Y ha insistido en que sabe "perfectamente cómo actuó la diputación en cualquier momento en el sentido de la Ley de Memoria Histórica" por eso puede asegurar que "no se ha quebrantado la ley en ninguno de los procedimientos ni de los procesos administrativos de concesión de subvenciones". Estos procedimientos, insiste, se han llevado a cabo "con transparencia".
