El PP asegura que la Diputación ha vinculado 25 subvenciones al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica

Sánchez Juliá ha explicado que en el año 2017 el PSOE aprobó en un Pleno de la institución provincial que adoptarían medidas necesarias para que el compromiso con los valores democráticos y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica "se convierta en una finalidad pública específica que presida y condicione toda la política de fomento de la corporación provincial dirigida a las entidad locales".

Para ello, se incluyó el compromiso de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la citada ley a la hora de acceder a las subvenciones y se recogió que se debería reintegrar las ayudas si no se cumplía este requisito. Además, se aprobó que los alcaldes debían firmar una declaración de responsabilidad para comprometerse al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, "algo que no puede hacer, al ser su aplicación competencia exclusiva de los ayuntamientos", ha recordado el portavoz 'popular'.

"Pues bien, pese a tener conocimiento de su falta de competencias, esta práctica se ha arrastrado desde el año 2018 hasta el año 2020", ha incidido en una rueda de prensa este miércoles en la que ha desgranado que en los planes estratégicos de subvenciones de 2018 y 2019 se recoge claramente que todas las subvenciones recogidas en estos planes quedan sujetas al compromiso de cumplir la Ley de Memoria Histórica, y que en caso de incumplimiento será objeto de reintegro".

También durante el año 2020, las bases de subvenciones como el Plan Reactiva Social, el Plan Integra o la contratación de personal en los centros de interpretación de la provincia para el año 2021 "han estado sujetas a estas cláusulas", ha aseverado. "No es algo aislado, ni de tiempos pasados, sino de esta misma legislatura", ha subrayado.

"Así hasta más de 25 bases de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos que desde el año 2018 hasta finales de 2020 han recogido este requisito o motivo de reintegro, que ha hecho que los ayuntamientos, a través de sus alcaldes, hayan tenido que firmar declaraciones responsables de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", ha recalcado.

Por ello, ha reprochado al presidente de la diputación cacereña que "haya faltado a la verdad", cuando se le preguntó por el caso que se lleva en los juzgados contra él por la Fundación Abogados Cristianos por haber vinculado las subvenciones a la retirada de cruces. "Nosotros no valoramos la cuestión judicial, pero políticamente debe hacer una rectificación de sus palabras", ha incidido Sánchez Juliá.

En su intervención, ha recordado que toda la documentación sobre las condiciones de las subvenciones ha sido aprobada en Pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que ha defendido que "la diputación sí ha vinculado el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica a las ayudas y subvenciones a los ayuntamientos, bien como requisito o bien como causa de reintegro de la subvención".

Comité de expertos

Sánchez Juliá ha indicado también que en toda esta documentación, en concreto en la declaración responsable, se hace mención a que los ayuntamientos "cumplirán las obligaciones señaladas por la comisión de expertos de carácter provincial", lo que "otorga a la comisión de expertos una competencias que legalmente no tienen".

Cabe recordar que el comité de expertos se crea, por el equipo de Gobierno del PSOE, con el fin de ayudar y asesorar a los municipios en la elaboración del catálogo de vestigios que la ley les obliga, pero el PP cree que "las actuaciones que se han realizado se extralimitan, presionando a los ayuntamientos".

Además, según ha indicado el portavoz 'popular' se ha producido "el envío masivo de cartas a los ayuntamientos", como las 40 que se remitieron en marzo de 2021 "reiterando el cumplimento de la Ley de Memoria Histórica" con criterios generales en todos los municipios sin tener en cuenta los casos particulares de cada localidad.

"Por lo tanto, ha existido una presión desmedida, por un órgano creado por el equipo de Gobierno del PSOE, que solo debería servir para asesorar y ayudar a los ayuntamientos, que son quienes son los competentes en esta materia", ha recalcado.

Con todo ello, el PP ha pedido al presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos que "rectifique públicamente", ya que "hasta finales de 2020 se han publicado bases de subvenciones a ayuntamientos vinculadas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", y que "ponga fin al comité de expertos y sus actuaciones, una vez que ya está elaborado el catalago de vestigios".