Esta semana se ha vivido otro capítulo, otro más, del culebrón de la mina de litio de Valdeflores. Si en abril de 2021 el proyecto entraba en vía muerta, con la denegación por la Junta del permiso de investigación de los recursos mineros, desde el pasado octubre se dio un giro con el cambio que la empresa hizo en el proyecto, el principal es que la mina sería subterránea. Este último capítulo fue que el alcalde, Luis Salaya, acompañado de la responsable de la oficina de desarrollo urbano municipal, recibió a los directivos de la compañía minera.
La empresa cumple su objetivo: le presenta los cambios en el proyecto a uno de los principales actores, el gobierno local, que representa al ayuntamiento, mientras que con el otro, la Junta, también ha mantenido ya contactos. Y el alcalde mantiene su guión: la posición del gobierno local, que es de rechazo a la iniciativa, no cambia, pero también admite lo obvio: los daños que causaría una mina subterránea serían menores. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, también ha dicho esta semana algo obvio: si la empresa presenta su proyecto con los nuevos cambios, los técnicos de la administración autonómica, competente en minas, lo estudiará.
Pero para que se llegue a ese escenario es necesario que antes, según volvió a reconocer la propia empresa esta semana, el juzgado de lo Contencioso Administrativo decida sobre el recurso que presentó, a través de Tecnología Extremeña del Litio, contra la denegación del permiso de investigación.
El Servicio de Ordenación Minera denegó esa autorización por, entre otras causas, las alegaciones del propio ayuntamiento como órgano competente en materia urbanística, que argumentó que las labores de investigación previstas, en concreto la realización de sondeos y calicatas, se tienen que considerar como actividades extractivas, que son incompatibles con el ordenamiento urbanístico en el espacio donde está el yacimiento. El ayuntamiento consideró además que estas actividades, los sondeos y las calicatas, son altamente impactantes.
Sin embargo, el Servicio de Ordenación Minera difirió del ayuntamiento sobre si las actividades de investigación pueden considerarse extractivas, pero admitió las alegaciones, además basó su rechazo en que el propio proyecto recogía que en las labores de investigación se harían sondeos y calicatas y en que, por tanto, el permiso perdería su finalidad en el momento en que no fuera posible hacerlos. También tomó en cuenta una consulta a la Subdirección General de Minas del ministerio, en la que se concluía que los sondeos y calicatas «pueden alterar sustancialmente la configuración del terreno» y que se trata de actuaciones «propias de los permisos de investigación, sin las cuales el proyecto pierde identidad para otorgarse como permiso de investigación».
La empresa consideró que esa investigación minera se puede hacer sin necesidad de sondeos y calicatas, con otras técnicas, y que la Junta entraba en contracción con la denegación de 2021 ya que en 2016 sí dio el mismo permiso, aunque entonces la posición del ayuntamiento no fue tan clara en contra de que se autorizase.
A esta historia le quedan aun muchos capítulos. Pero el principal ahora, como reconoce la propia empresa, es la decisión que tendrá que tomar el juzgado.
