La diputación provincial presta al Ayuntamientos de Cáceres dos servicios que están regulados por convenios, uno es el servicio de extinción de incendios y el otro es la gestión de la recaudación de tributos. Por ambos el ayuntamiento pagará este año a la institución provincial 8,7 millones de euros, según las partidas que están recogidas en el presupuesto inicial de este año y en un suplemento de crédito, ambos se aprobaron inicialmente por el pleno de la corporación local en una sesión extraordinaria que se celebró el miércoles.
Más de la mitad de esa cantidad es para el pago de deuda que está pendiente de abonar a la institución provincial. Cuando se pague, la diputación dejará de ser el principal acreedor que tiene el ayuntamiento, ya que el mayor importe de las operaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores siempre ha correspondido a la deuda con diputación por el servicio de extinción de incendios. Son casi 4 millones del débito por los bomberos y más de medio millón del convenio por la recaudación de tributos que ahora se afrontan. Ambas previsiones ya se llevan un tercio del remanente de tesorería para gastos generales con el que el ayuntamiento cerró 2021.
La diputación provincial y ayuntamiento llevan años de diferencias sobre la deuda que el segundo tenía con el primero por el servicio de prevención de incendios. En el año 2015 se cuantificó en 6,6 millones en el convenio que firmaron los presidentes de ambas administraciones y se acordó su pago en diez anualidades entre los años 2017 y 2026 con un desembolso anual por el consistorio de 665.834 euros.
Pero ese acuerdo no impidió que las divergencias sobre la deuda continuasen. En su informe sobre los presupuestos del ayuntamiento para el ejercicio de 2021, el servicio de Intervención municipal daba a conocer que el crédito que se había reservado ese año para el pago de la prestación del servicio de extinción de incendios era insuficiente y se advertía de que la institución provincial había reclamado el pago de una deuda de 2 millones de euros por liquidaciones complementarias de los ejercicios de 2014 a 2018, pago para el que, según avisaban los servicios económicos del ayuntamiento, no había consignación suficiente, ni siquiera con el remanente de tesorería con el que se cerró el ejercicio de 2020, al haberse destinado ya parte del mismo a otras obligaciones.
Este año la situación ha sido diferente. En el informe de los servicios económicos referido a los presupuestos de 2022 se apunta que «por primera vez» se consigna el crédito necesario, correspondiente a la anualidad completa, para la prestación del servicio de bomberos. Esta partida es de 2,6 millones de euros, por encima de los 1,9 millones de años anteriores.
A esta cantidad se van a sumar dentro de la misma aplicación presupuestaria otros 3,9 millones de euros para reconocer el pago de obligaciones de gasto pendientes de aplicar al presupuesto de los años comprendidos entre 2014 y 2021. Esta cantidad se pagará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales con el que se cerró la liquidación de 2021.
En total son 6,5 millones solo de los bomberos y es la principal partida del capítulo de transferencias corrientes que tiene presupuestadas el ayuntamiento para este año. Está muy por encima, por ejemplo, de las transferencias que hace el ayuntamiento a su instituto municipal de Asuntos Sociales, que es de 2,8 millones, o de las que se hacen por el ayuntamiento al consorcio del Gran Teatro, que es de 241.000 euros.
La otra partida de los presupuestos de 2022 que va a la diputación es de 1.464.357 euros por el servicio de recaudación de los tributos del ayuntamiento. Esta partida se incrementa con otros 674.269 euros de la gestión de recaudación en voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico de los años 2018, 2019 y 2020, ya que no se estaba aplicando los porcentajes acordados, que en el caso del pago voluntario es del 30% del importe principal recaudado, mientras que en la ejecutiva es de hasta el 50%.
