El pleno de la corporación local de Cáceres aprobó este jueves la modificación de la ordenanza municipal del impuesto de plusvalía, una variación para ajustar la normativa local a los cambios introducidos por las sentencias del Tribunal Constitucional que dejaron sin contenido el impuesto y recortaron los ingresos del ayuntamiento. El objetivo último es que se pague cuando realmente haya habido un beneficio en la transmisión o venta de una vivienda o de terrenos de naturaleza urbana.
El texto que salió de la sesión de este jueves del pleno local se tendrá que exponer ahora para la presentación de alegaciones antes de proceder a su aprobación definitiva. La ratificación en el pleno de este jueves no fue por unanimidad. El grupo municipal del PP se opuso, lo mismo que la portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, los otros dos miembros de su grupo, el edil independiente Antonio Bohigas y el nuevo concejal Francisco Javier González, se abstuvieron. Uno de los motivos del ‘no’ es que se ha ido por parte del gobierno local al tipo máximo que permite la legislación tributaria.
La concejala de Economía, María Ángeles Costa, defendió los cambios hechos en la normativa y recordó que el tipo que se pone es el mismo que el de la mayoría de los ayuntamientos. Añadió que se mantienen casi todas las bonificación y que en las que se aplican por la transmisión de la propiedad por causa de muerte lo que se ha hecho es «simplificarlo».
Por parte del PP se insistió en que lo que se hace con esta modificación de la ordenanza municipal es una nueva subida tributaria que se suma a las ya aprobadas para el IBI y para el impuesto de rodaje, «no hay gestión, sólo afán de recaudación», según los populares, que aseguraron que en el nuevo texto «se elimina la bonificación en el caso de los ascendientes». Costa respondió que esta modificación en la ordenanza «no incrementa la carga fiscal a nadie».
Miembros de la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña asistieron al pleno de la corporación local que se celebró este jueves. Intervino uno de sus portavoces para mostrar la decepción del colectivo con el cambio de opinión en el gobierno local en relación al proyecto de la mina, que ha pasado de ser a cielo abierto a subterráneo. Su portavoz reiteró que en este tipo de iniciativas lo que hacen las empresas es captar subvenciones públicas para después incumplir sus promesas de creación de empleo, además se insistió en el mensaje de que «no hay ninguna mina de litio que sea subterránea», todas son «a cielo abierto».
Por otra parte, en el consejo sectorial de Medio Ambiente se informó por parte del alcalde, Luis Salaya, que la empresa ya ha depositado en el juzgado el importe de la sanción que le impuso el ayuntamiento por alteración del paisaje, con movimiento de tierras y apertura de caminos, cuando se realizaron los primeros sondeos en Valdeflores en el año 2017 y en los dos primeros meses de 2018. El importe de la sanción que se impuso a la empresa minera fue de 26.500 euros.
