9 de diciembre de 2021. El sindicato Comisiones Obreras denunciaba que de los cinco médicos con los que contaba el Centro Penitenciario de Cáceres solo quedaba uno a media jornada (cuatro horas). Su delegado sindical, Alberto Ramajo, criticaba entonces el déficit de personal, tanto por el envejecimiento como por las jubilaciones, y definía como «una situación límite» la que se producía en la cárcel. En ese momento hacía casi un mes que la prisión no tenía ningún médico en la plantilla, lo que obligó a contratar temporalmente un facultativo esas cuatro horas al día para atender las urgencias que se producían coincidiendo con su horario de trabajo.
8 de agosto de 2002. El Periódico Extremadura amanece con una noticia asombrosa: no hay cocineros en la cárcel y los que se ocupan de las tareas alimentarias son los propios presos. Situación inédita la que narra el reportaje: «Desde finales de julio, los reclusos del Centro Penitenciario de Cáceres destinados a cocina se encargan de todo el proceso, desde la recepción de la mercancía hasta ultimar los platos que llegan a las mesas de los internos (actualmente hay en torno a 460, incluidos los que están en régimen abierto). Así lo han comunicado a este diario fuentes de la prisión, que denuncian la situación generada tras la jubilación de los dos cocineros. Por su parte, la dirección alega que esas plazas no pueden convocarse hasta no quedar vacantes».
9 de agosto de 2022. Al otro lado del teléfono contesta Alberto Ramajo, que corrobora la situación. «Los cocineros que había han tomado vacaciones y hasta que no se jubilen en septiembre no se pueden cubrir las vacantes ni pedir a Madrid un sustituto. De los tres que había, uno se jubiló hace dos o tres años. Los otros dos lo harán en septiembre, pero como ahora coincide su periodo de vacaciones se ha buscado esta alternativa».
El sindicato confía en que sea a partir del mes que viene cuando Madrid realice las gestiones oportunas para que personal laboral entre en las cocinas. «Es un problema serio. De las tareas se ocupan dos reclusos; hay uno por la mañana y otro por la tarde (ambos están cotizando por este trabajo a la Seguridad Social) y un funcionario que hace la vigilancia». Ramajo explica que ambos están dados de alta en la Seguridad Social, pero que lo que está ocurriendo resulta preocupante.
No es el único servicio que flaquea en la prisión cacereña. También faltan Auxiliares de Enfermería; de los cuatro que había, quedan dos, aunque en este caso ya ha salido el concurso de traslado.
El problema fundamental, sin embargo, es el de los médicos, «pues su figura es fundamental en la prisión». En la de Cáceres había cinco facultativos y se jubilaron. La alternativa ha sido realizar dos contratos temporales, uno cubre el servicio de mañana y otro el de tarde y están localizados por si se produce alguna urgencia. «El de médico de prisiones es un puesto que no resulta atractivo», atestigua el representante sindical.
CCOO habla de un déficit de funcionarios de vigilancia de más de 55 plazas
5 de julio de 2022. La falta de médicos penitenciarios ha llevado en el último año y medio a los directores de, al menos, cinco cárceles a licitar concursos para contratar servicios privados para la atención primaria de sus presos. Se trata de las prisiones de Cuenca, Cáceres, A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Mallorca, que acogen en conjunto a algo más de 3.300 reclusos y que desembolsarán por estos contratos un total de 200.000 euros. «Actualmente, los efectivos que se disponen son tres médicos, de los cuales una se encuentra de baja médica por embarazo y los otros dos se jubilan el 15 de septiembre y 4 de octubre del presente, por lo que no se puede cubrir con un mínimo de garantías la atención necesaria en este centro penitenciario», advertía el pasado octubre, en la documentación de la licitación, el director de la prisión de Cáceres para justificar esta contratación, según recogía el diario El País.
Faltan auxiliares de enfermería. De 4 hay 2. En este caso, ha salido el concurso de traslado
Otro problema es el de los funcionarios de vigilancia, donde se produce «un déficit de más de 55 plazas», sostiene Alberto Ramajo. Ya el año pasado Silvia Fernández, de la sección estatal de CCOO, que ha hablado de «situación dramática» y ha indicado que el de Cáceres es el tercer centro penitenciario a nivel nacional con mayor déficit estructural del país, pues solo el 25% de sus puestos (uno de cada cuatro) están cubiertos, lo que repercute en el servicio público y en el tratamiento penitenciario.
En esa intervención, Fernández consideró finalmente que la prisión de Cáceres «es una de las más marginadas retributivamente» y cifró en 700 euros mensuales la pérdida de salario.
