Los cinco alcaldes del Valle del Jerte imputados por un delito de prevaricación con los vertederos municipales, se sentarán el próximo 18 de octubre en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Cáceres.
El pasado 20 de septiembre se celebró una vista en la Audiencia Provincial en la que no se llegó a ningún acuerdo de conformidad entre las partes por el caso del vertido de cerezas no aptas para el consumo en vertederos no autorizados (entre los años 2015-2019).
De esta forma, los cinco alcaldes y exalcaldes de Rebollar, Cabrero, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo, entre los años 2015 y 2019, tendrán que enfrentarse a un juicio por la vía penal. Un juicio en el que la Fiscalía Provincial pide 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno de los que en 2016 eran alcaldes de cinco localidades del Valle del Jerte.
El abogado de varios de los encausados asegura que «esto es competencia de la Comunidad Autónoma; nunca municipal»
Miguel Corchero, abogado de varios de los acusados, ha expresado que «no han cometido ningún tipo de delito» y que «no existe prueba de cargo» en contra de sus representados. También manifestó el pasado mes de septiembre que los vertidos «no se han producido por parte de los representantes municipales, sino por los productores de cerezas». Y aclaró que «esto es competencia de la Comunidad Autónoma; nunca municipal».
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, en cinco municipios los regidores reabrieron vertederos cerrados o reutilizaron espacios sin autorización ni procedimiento administrativo previo. Por lo que entiende que los alcaldes, al permitirlo, cometieron prevaricación administrativa.
Según la calificación de la fiscal, todos ellos han «tolerado» la reutilización o reapertura de vertederos «con infracción de las normas, sin sujeción a ningún procedimiento administrativo» e incluso algunos han «promovido» con carteles avisando de que las cerezas no son aptas para el consumo, para «autorizar los vertidos y depósitos» sobre una superficie recuperada por la Diputación.
Asegura que permitieron esta actividad «a pesar de tener cabal, exacto y pleno conocimiento de la necesidad de ejercer las potestades de vigilancia, inspección y sancionadora» en materia de residuos y suelos contaminados.
Los vertidos se producirían en antiguas zonas degradadas recuperadas ambientalmente con proyectos de la Diputación de Cáceres, clasificadas como suelo no urbanizable, e incluso parte de la Zona de Especial Conservación de la Junta de Extremadura, especialmente protegidas por su paisaje natural.
Además, varios de estos regidores permitieron, apunta el escrito, el vertido de escombros y tierra, mezclándose con los restos de cerezas, así como abrir zanjas en las zonas para depositar el fruto de campañas previas.
Investigan al alcalde de Trujillo
Por otro lado, el alcalde de Trujillo (Cáceres), José Antonio Redondo, también declarará ese mismo día, pero no se trata de un juicio, ya que su caso está en fase de instrucción. En concreto, se le investiga por un delito de prevaricación después de que la Fiscalía Provincial interpusiese una denuncia en su contra el pasado 20 de julio por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras. La denuncia hace referencia a la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Trujillo de varias obras en el municipio y sus pedanías y al pago de facturas relacionadas con estos trabajos “a pesar de los reparos del interventor”.
Redondo tendrá que acudir el próximo 18 de octubre al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad trujillana, a las 9.30 horas, que ha incoado diligencias previas, por ese presunto caso de prevaricación administrativa.
