La Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres cuestiona al CEO de Extremadura New Energies (ENE), Ramón Jiménez, por su relación con una investigación judicial seguida en Murcia por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos y/o administración desleal, prevaricación y fraude, según se detalla en una de las informaciones que sobre el ‘caso Desaladora’ publicó el diario La Verdad de Murcia. A este procedimiento, cuyo juicio aún no se ha celebrado, se vinculó a una veintena de cargos públicos de la comunidad murciana y representantes de empresas, entre éstos a Jiménez, a quien en 2018, a petición de la fiscalía, se le imputó en este caso y se le tomó declaración. En esa época el CEO de ENE ostentaba el cargo de consejero delegado de Tedagua y de director general de proyectos integrados del grupo ACS, según se indica en otra información del medio de comunicación murciano.

Este caso está relacionado con la construcción de la desaladora de Escombreras. Uno de los principales hechos de la investigación fue si se pactó entre la administración murciana y las empresas una cláusulas leoninas que, entre otras condiciones, obligaban a la administración al pago de 600 millones a las empresas por la explotación de las instalaciones de la desaladora durante un periodo de veinticinco años, incluso aunque no se llegará a producir ni una gota de agua, según detalla La Verdad en sus informaciones.

La plataforma ciudadana cuestionó este jueves por este asunto a Ramón Jiménez con los datos que miembros del colectivo Salvemos la Montaña proporcionaron a El Periódico Extremadura. 

Por parte de ENE se afirmó este jueves, a preguntas de esta diario, que la gestación y el desarrollo del proyecto de la desaladora de Escombreras fue objeto de unas diligencias judiciales, iniciadas en 2016, a propósito de las cuales Ramón Jiménez fue solo una de las más de veinte personas que, por haber intervenido en el proyecto, fueron llamadas a declarar. «A fecha de hoy no se ha formulado acusación contra Ramón Jiménez en dicho procedimiento ni se ha abierto juicio oral», se explicó por parte de la empresa que promueve el proyecto de la mina de litio en Cáceres. Según ENE, Jiménez, en su comparecencia judicial de septiembre de 2018, «ya tuvo ocasión de aclarar la absoluta regularidad tanto de su comportamiento como del de las empresas que participaron en la promoción y desarrollo del proyecto».

Según ENE, la desaladora de Escombreras, gracias a dicho proyecto, "presta un servicio público esencial en la región de Murcia y funciona, a día de hoy, a pleno rendimiento y satisfacción de la entidad pública que la explota", por lo que considera que "carecen de sentido las alusiones a corrupción en dicho proyecto, cuando a propósito del mismo las entidades privadas que participaron, lejos de lucrarse, se comportaron con absoluto lealtad hacia el interés público. En su contestación, la empresa añadió que "nunca en el procedimiento seguido por la gestión y el desarrollo del proyecto de la desaladora de Escombreras, ni en ningún otro, se ha imputado ninguna infracción de naturaleza medio ambiental a Ramón Jiménez".

Por otra parte, ENE informó este jueves del contenido de un estudio de la Universidad Extremadura (UEx) que "refleja que el sector hotelero valora positivamente los cambios introducidos" en el proyecto de mina subterránea y concluye que tres de cada cuatro negocios hoteleros creen que la propuesta de ENE beneficiará a la ciudad.