La implantación en Cáceres de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad tendrá que esperar. El gobierno municipal está en la línea de lo defendido por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que ha demandado al Ministerio para la Transición Ecológica una moratoria en el cumplimiento de la ley de Cambio Climático, que establece que la ZBE tiene que estar antes del 1 de enero de 2023. Entre otras razones, la Femp ha argumentado que todavía no se ha aprobado el real decreto que debe desarrollar en qué condiciones se tienen que implantar estas zonas. Lo que se está pidiendo es mayor seguridad jurídica.
En Cáceres se han dado pasos en los últimos años para ir restringiendo la circulación de vehículos en el centro de la ciudad. Pero se está muy lejos de poder contar con una Zona de Bajas Emisiones. El Ayuntamiento de Cáceres, al igual que el resto de localidades de más de 50.000 habitantes que están obligadas por la ley, ha tenido dos años para disponer de un mapa de la ZBE. Por lo que no es excusa la falta de tiempo. Tampoco es una excusa que la mayoría de las localidades no la vayan a implantar en el tiempo que marca la ley estatal. Otras ciudades de un tamaño parecido a Cáceres, como Pontevedra o Ciudad Real, ya han presentado su zonificación.
Pero no es tan sencillo sacar una ordenanza que regule una zona en la que se impida circular a una parte de los vehículos, a todos los que no puedan obtener la tarjeta medioambiental de la DGT (entre éstos los turismos con motores de gasolina anteriores a 2001 y todos los motores diésel anteriores a 2006), y que limite la circulación a una parte significativa del resto de turismos. Y no es fácil hacerlo cuando se quiere mantener a la población en el centro para que no sea solo un lugar de paso para el turismo. Y tampoco es tan sencillo llevar a la práctica esta zonificación a pocos meses de unas elecciones municipales, y además hacerlo cuando la ciudad no tiene alrededor de su centro y casco viejo una oferta suficiente de aparcamientos disuasorios.
En Pontevedra se ha propuesto una tercera vía. Declara todo el casco urbano como Zona de Bajas Emisiones para ‘saltarse’ la obligación de tener que impedir el paso a los turismos sin tarjeta medioambiental, no tener que cobrar un peaje por circular por esta zona y no permitir solo el acceso de los vehículos ecológicos. Lo propone con el compromiso de ir limitando la circulación. Por su parte, la ordenanza de Ciudad Real incluye moratorias y periodos informativos antes de empezar a sancionar a los conductores de vehículos que no podrán circular.
Cáceres, salvo que en estos dos meses se presente algún plan de zona o el borrador de una ordenanza -la única que hay es la que regula el acceso a las zonas con tráfico restringido con cámaras-, estará entre la gran mayoría de ciudades que no cumplirán con el requisito legal (por ahora el ministerio no ha aceptado ninguna moratoria), y seguramente será la próxima corporación la que tendrá que poner el cascabel al gato. Lo que sí se irá completando en el mandato que termina en mayo es el conjunto de obras en proyecto y en licitación que irán restringiendo la circulación, ampliando las calles controladas por cámaras y habilitando más plazas de aparcamiento disuasorio. En poner medios para que esa zona se pueda declarar.
