En febrero de este año se vivió uno de los acontecimientos más importantes para el municipalismo nacional: la consulta popular sobre la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Un asunto que llenó portadas y horas de televisión y radio y que no ha estado exento de polémica. Como polémico es el proyecto de mina de litio en Cáceres, que colea desde hace ya varios años, con giros argumentales incluidos, y que ahora suma un nuevo capítulo. Porque el nuevo partido Extremeñistas ha lanzado la propuesta de promover una consulta popular en Cáceres sobre la instalación de la mina de litio (subterránea) en la Sierra de la Mosca para que sea la ciudadanía quien tome la palabra final acerca de esta infraestructura en las cercanías de la ciudad, sobre la que siguen corriendo ríos de tinta desde que se anunciara el proyecto inicial (a cielo abierto) hace casi cinco años.
La propuesta debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la corporación en pleno
Pero, ¿sería posible esta propuesta con el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) en la mano o es un brindis al sol? El ROM lo deja claro en su apartado dedicado a la Participación Ciudadana, que faculta la intervención de los ciudadanos en los órganos municipales a través de diversos mecanismos. En lo referente a la consulta popular, el ROM establece que «es una competencia indelegable del alcalde o alcaldesa» de turno someter a consulta popular «aquellos asuntos de la competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos», con excepción de los relativos a la Hacienda Local. Si bien, esa decisión de celebrar una consulta popular deberá ser adoptada previamente por acuerdo plenario «aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de la corporación», lo que dificulta el proceso, y contar con la autorización previa del Gobierno central.
2.000 firmas
Cualquier ciudadano o colectivo puede iniciar esta propuesta, pero debe reunir un requisito previo: 2.000 firmas. Según el ROM, para que la iniciativa «llegue a ser considerada por el pleno municipal, los promotores deben estar claramente identificados y se deben reunir las firmas de, al menos, 2.000 personas, debidamente autentificadas, mayores de edad y empadronadas en el municipio, según la legislación vigente».
A su vez, un tercio de los miembros de la corporación podrá proponer consulta popular para aquellos asuntos de competencia municipal, aunque para darle el visto bueno se seguirá necesitando la mayoría absoluta del pleno. La consulta popular, en todo caso, contemplará varios aspectos como: el derecho de todo ciudadano de Cáceres, debidamente censado, a ser informado, antes de ser consultado: el derecho a que la consulta incluya las posibles soluciones alternativas con la «máxima información escrita y gráfica»; y una convocatoria que permita la realización de las campañas correspondientes, «con amplia información y debate sobre los diferentes posicionamientos políticos al respecto, en especial a través de los medios informativos, y con un correcto planteamiento de la pregunta que se formula». Todo esto se traduce en un coste para obtener garantías de que se produciría un proceso totalmente democrático; sin opción a pucherazo.
«Abiertos al diálogo»
El nuevo presidente de la gestora de Extremeñistas, Jorge Andrade, manifestó que la petición de consulta popular «se hace directamente al alcalde, Luis Salaya, para que se pronuncie al respecto». Si bien, no contemplan consultar a otros grupos o ediles no adscritos del ayuntamiento para que eleven esta propuesta al pleno municipal. «Pero estamos abiertos al diálogo con cualquier fuerza política», aclara Andrade. La formación cree que un referéndum es la «mejor opción para conocer democráticamente la opinión de la ciudadanía de Cáceres» y, aunque considera «legítima la protesta y la manifestación», prefiere preguntar a la ciudadanía directamente mediante las herramientas democráticas. «Extremeñistas quiere declararse en una posición extractivista sobre los recursos mineros que posee la región, pero también quiere recordar que mantiene un compromiso público de celebrar consultas populares para contar con la opinión de los vecinos en aquellos municipios donde exista la posibilidad de que se instalen este tipo de proyectos tan cerca de la gente», matizan desde la formación. La propuesta, como el proyecto minero, está en el aire.
