El ayuntamiento tendrá potestad para decidir sobre la excavación de una mina en Valdeflores, en la sierra de la Mosca, a un paso de la ciudad. No pierde su autonomía, ni queda todo en manos de la Junta. La ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa, debatida el día 10 en el pleno de la Asamblea de Extremadura, facilita el trámite para que se abra la mina, pero no quita todas las competencias al ayuntamiento porque la licencia municipal no podrá ser sustituida por el trámite de consulta que regula la ley del suelo regional. 

Este trámite sí podría conllevar la suspensión parcial del plan de urbanismo, que ahora no permite los usos extractivos en Valdeflores, para su modificación y continuar con el procedimiento de la concesión de la explotación de la mina con independencia de que el ayuntamiento se oponga. Pero el ayuntamiento no pierde en este caso su competencia en decidir si se concede o no la licencia ni puede ser forzado a variar el plan.

La ley debatida y aprobada con los votos del PSOE, que tiene mayoría en la parlamento regional, permite que los proyectos relativos a la explotación de los recursos minerales de litio puedan ser calificados como proyectos empresariales de interés autonómico (Premia). Se plasma en el texto de esta ley lo que ya aparece en el decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para el aprovechamiento de los recursos de litio. La tramitación de los proyectos Premia se puede realizar con una consulta que sustituya la licencia salvo en el caso de las iniciativas relacionadas con la explotación de los recursos del litio, según el texto normativo que salió el pasado jueves de la Asamblea.

El debate de hace una semana en la cámara autonómica se trasladó este jueves al pleno del Ayuntamiento de Cáceres con una moción presentada por el concejal no adscrito Teófilo Amores. Su texto tenía un doble fin: el rechazo al proyecto de la mina «por los riesgos tan graves» que una explotación minera puede causar al estar pegada a la ciudad y la defensa de la autonomía local para decidir en cuestiones tan importantes para la ciudad como la mina.

La moción se aprobó. El acuerdo de la misma es que el pleno de la corporación trasladará al presidente de la Junta y a los portavoces de los grupos políticos la disconformidad de la corporación local con el decreto ley del litio y con la ley de medida de mejora de los procesos de respuesta administrativa. También que por los servicios jurídicos del ayuntamiento se impugne la norma, además que se haga llegar a la población el rechazo de la corporación local al proyecto de la mina y sobre todo que se derogue el decreto ley del litio.

Pero fue una aprobación algo atípica porque los grandes grupos municipales, PSOE y PP, que suman dos terceras partes de la representación en el pleno de la corporación, se abstuvieron. Sus portavoces en el debate de la moción, la primera teniente de alcalde María José Pulido y el concejal popular José Ángel Sánchez Julia, criticaron la moción. «Está cargada de inexactitudes» y «no es oportuna ni adecuada», afirmó Pulido. «No es bueno generar ruido electoral», indicó Sánchez Juliá, que cuestionó el decreto ley del litio al afirmar que «antes o después lo tumbará el Tribunal Constitucional». Pero tanto el PSOE como el PP se abstuvieron en la votación de la moción. Lo mismo que Cs. Solo tuvo el voto a favor del ponente, de los también concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, del partido Cáceres Viva, y de los tres ediles de Unidas Podemos.

Miembros de la plataforma concentrados en la puerta del ayuntamiento antes del pleno. No se les autorizó entrar en la sesión. EL PERIÓDICO

La moción no tendrá efectos prácticos, salvo si realmente los servicios jurídicos impugnan el decreto ley, lo que abriría un proceso administrativo y judicial. Para lo que sí sirvió la moción es para constatar que los dos grandes partidos han pasado del ‘no’ a la mina a una posición más tibia. Se ponen en la misma franja en la que ha estado Cs desde el principio y vinculan su decisión final a los informes técnicos que se emitan sobre la viabilidad de la mina.

En este giro influye el cambio en el planteamiento del proyecto, que de una mina a cielo abierto ha pasado a ser una explotación subterránea. «Es un proyecto nuevo y estamos esperando a tener los informes suficientes», manifestó el alcalde, Luis Salaya, mientras que Sánchez Julia subrayó que habrá que estudiar «lo que dicen los técnicos» porque lo está en juego es «decidir sobre el futuro de Cáceres».

Amores, que recordó al alcalde que llegó a plantear su dimisión si se hacía la mina, insistió en que con la decisión adoptada hace una semana por el pleno de la Asamblea «se deja a Cáceres sin opinión» en un asunto tan sensible como la mina. Yaseguró que los dos textos legales tienen como fin «plegarse a los intereses de la empresa minera». Alcántara, que mostró el rechazo de su partido a la mina subterránea, denunció que lo acordado en la Asamblea «es un ultraje más de Mérida» hacía Cáceres. Ildefonso Calvo, edil de Podemos, argumentó que tiene que ser «el ayuntamiento el que tome la decisión -sobre la mina- junto a la ciudadanía» y advirtió que la Junta está lanzando «un mensaje claro de que el gobierno regional hará todo lo posible para que los proyectos de litio no tengan cortapisas».

Salaya, que recordó que su amago de dimisión se produjo cuando la mina era a cielo abierto, insistió en que la decisión sobre la mina se tomará en el ayuntamiento.

Antes del pleno, miembros de la plataforma Salvemos la Montaña se concentraron ante la puerta del ayuntamiento para reiterar su rechazo al proyecto de la mina. Pero no se les dejó entrar en el pleno de la corporación, una decisión que Amores y Alcántara reprocharon a Salaya durante la sesión. El alcalde explicó que decidió que no se permitiese su entrara en el salón de plenos porque «la sesión ya se había iniciado» y para «garantizar que no se perturbe la libertad de los concejales en sus intervenciones, que no se les interrumpa». 

Los cambios normativos que favorecen la explotación de yacimientos de litio

El decreto ley para regular el aprovechamiento del litio 

El decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura se publicó el pasado 1 de septiembre y pasó por el pleno de la Asamblea a final de ese mes. Declara de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales de litio en todo el territorio de la comunidad autónoma, aunque vincula cualquier concesión de explotación de los recursos minerales de litio a que el tratamiento y beneficio metalúrgico de los recursos de ese mineral se realice necesariamente dentro del territorio de la comunidad autónoma.

El litio como un proyecto de interés autonómico 

El pleno de la Asamblea de Extremadura acordó en su sesión del pasado 10 de noviembre, con los votos del PSOE que tiene mayoría en la cámara, que en la ley de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía se puedan calificar como proyectos de interés autonómico los que estén relacionados con la explotación de los recursos minerales del litio. Esto facilita la tramitación y acorta los plazos. La declaración de este tipo de iniciativas como proyectos de interés autonómico ya estaba contemplada en la disposición adicional única del decreto ley de medidas urgentes para regular el aprovechamiento del litio.  

El ayuntamiento mantiene la concesión de la licencia 

La salvedad que se incluye en el texto de la ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa es que en el caso de los proyectos de litio se establece la excepción de que no se puede sustituir la licencia que tiene que conceder el ayuntamiento por el trámite de consulta que permite la ley del suelo. Esto supone que el ayuntamiento sigue teniendo capacidad de decisión en Valdeflores. De la entidad local sigue dependiendo la concesión de la licencia, necesaria para la explotación del recurso, y la administración regional no puede iniciar una modificación del plan de urbanismo que con la consulta sí es posible.