El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Cáceres ha absuelto a los dos diputados provinciales del Partido Popular de la demanda que les interpuso un funcionario en la que les acusaba de un delito de injurias.
La jueza ha desestimado así la denuncia que formuló el trabajador de la Diputación de Cáceres contra José Ángel Sánchez Juliá y Álvaro Merino después de que ambos criticaran "falta de transparencia" en un proceso selectivo. En esta selección de personal, el tribunal fue modificado por la dimisión de dos de sus miembros y el puesto de presidente fue sustituido por el demandante.
En la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, la magistrada considera que las declaraciones de ambos diputados están amparadas en el ámbito de la libertad de expresión. "En las expresiones vertidas por los demandados en las ruedas de prensa no aparecen injurias ni insultos al demandante ni descalificaciones personales y tampoco se hace mención expresa al demandante en las expresiones de crítica política que se vierte sobre la composición de los tribunales de selección", expone la jueza en su dictamen.
De la misma forma, pone de manifiesto que "en lo que concierne concretamente a los personajes públicos, el Tribunal europeo de derechos humanos recuerda que cabe distinguir entre los particulares y las personas que actúan en un ámbito público". "Los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político que para un simple particular, a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus gestos y ademanes tanto por periodistas como por los ciudadanos, por l que debe mostrar una mayor tolerancia".
En su demanda, el funcionario pedía a los dos acusados que cada uno de ellos le abonara 1.000 euros por daños y perjuicios.
El 19 de enero de este año, el diputado Álvaro Merino convocó a los medios y realizó una rueda de prensa en la que acusaba al demandante de "falta de imparcialidad e igualdad de oportunidad al formar parte de un tribunal de selección dentro de su trabajo como letrado en la institución provincial". Por tanto, el PP pidió la "paralización de los procesos selectivos" al entender que "no era ético ni justificable" que Santiago Olivenza, demandante y concejal del PSOE en Brozas fuera el presidente del tribunal. Días más tarde, José Ángel Sánchez convocó a los medios en similares características.
En su defensa tras la demanda, ambos alegaron que "lo que denuncian ante los medios es lo que a su juicio es un apolítica partidista y parcial en materia de personal por parte del PSOE", por tanto, "no es cierto que se hayan vertido manifestaciones que hayan atentado contra el honor o la integridad del demandante".
