El comité de Empresa de Canal Isabel II, empresa concesionaria del servicio integral de agua en Cáceres, pasará a mayores. Después de protagonizar protestas todos los lunes del pasado mes de noviembre sin resultado en las negociaciones para mejorar las condiciones del convenio laboral, el comité de empresa ha optado por cursar una petición a la Subdelegación del Gobierno para convocar una gran manifestación. «Queremos que sea un sábado, para que puedan acudir todos los miembros de las familias afectadas por el convenio injusto que sufrimos», asegura el presidente del comité, Reyes Naharro.

La manifestación será probablemente en enero, puesto que la petición tarda en cursarse «y se nos echan las festividades navideñas encima». Al mismo tiempo, el comité de empresa de los trabajadores, que luchan por conseguir igualar sus condiciones laborales a las del resto de empleados a nivel nacional, ha pedido la dimisión del delegado de la empresa, José Luis Castaño, tras fracasar la mediación celebrada ante la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura, en la Inspección de Trabajo. Los trabajadores acusan al delegado en Cáceres de «ponerse de perfil» ante las solicitudes realizadas para alcanzar «unas condiciones iguales al resto del personal de la empresa. Máxime», añaden «cuando Castaño disfruta de las condiciones nacionales, en forma de convenio de empresa aplicadas en Madrid, aunque preste sus servicios en Cáceres».

Tras las declaraciones del alcalde, Luis Salaya, en el pleno de noviembre, donde aseguró que «apoyamos a los empleados en su reivindicación y el derecho que tienen a negociar un convenio e instamos a la empresa a dejar de tener empleados de primera y de segunda y a equiparar las condiciones laborales en todo el territorio nacional», los trabajadores se reunieron el pasado 30 de noviembre con el concejal Andrés Licerán. «Hemos vuelto a pedir que queremos hechos, no solo palabras. Que medien con Madrid porque nos sentimos desamparados para mejorar el convenio», sostiene Naharro. El comité ha descartado la huelga porque «somos un servicio esencial y apenas tendría efecto» por los servicios mínimos.