Macrojuicio en Cáceres a 16 acusados por tráfico de drogas

Hasta 16 acusados de venta de drogas se sentarán el próximo 23 de diciembre en la Audiencia Provincial de Cáceres, en un macrojuicio en el que la Fiscalía pide penas de prisión de hasta cinco años. Las investigaciones del Grupo de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía se remontan a septiembre de 2018, cuando se tuvo conocimiento de que una de las acusadas «se dedicaba a ir habitualmente a Badajoz a adquirir sustancias estupefacientes y transportarla» a otros pueblos. La acusada ya había sido condenada a la pena de 4 años de prisión por un delito de tráfico de drogas. 

Trapicheo en Santiago

Otro de los acusados, según se desprende del escrito de la Fiscalía Provincial, fue interceptado el 13 de septiembre de 2018, a las 15.05 horas, «ocultando algo en el hueco de una pared de la iglesia de Santiago» (en el barrio homónimo cacereño) «tras lo cual se mantuvo en las proximidades en actitud de espera. Posteriormente, ese efecto fue recogido por funcionarios policiales resultando ser una papelina de plástico verde que reacciona a cocaína-heroína con un peso aproximado de 0,27 gramos». 

El día 17 de Septiembre de 2018, en torno a las 22.55 horas, el mismo acusado «contactó con una mujer delante de la puerta de la iglesia de Santiago a la que entregó una papelina a cambio de dinero. Tras dicha entrega los agentes interceptaron a la compradora, interviniéndole una papelina de lo que una vez analizado resultó ser revuelto de heroína-cocaína con un peso de 0,18 gramos de cocaína y heroína con una pureza del 48 y 10,8%, respectivamente». Esta sustancia habría alcanzado un valor de mercado aproximado de 18,73 euros, según puntualiza el escrito.

Presencia policial

En el verano de 2021, la Subdelegación del Gobierno ordenó intensificar la presencia policial en Santiago «para disminuir la situación de conflictividad detectada», y solo en una semana de agosto, la Policía Nacional identificaba a 56 personas, y 10 eran denunciadas por consumo de drogas y por portar arma blanca. Al respecto, el alcalde, Luis Salaya, ha pedido en varias ocasiones huir de la «estigmatización» del barrio: «es una situación coyuntural, los altercados han sucedido en días puntuales».

Además, ha precisado que «los vecinos han hecho un buen trabajo para mejorar la convivencia y para recuperar el espacio público y se sigue avanzando en este proceso. Es una plaza estupenda, en un entorno familiar en el que generalmente no hay graves problemas de convivencia». Aunque reconocía que «es cierto que en ocasiones puntuales se originan altercados entre personas con adicciones y problemas sociales». 

En el macrojucio la pena mayor se solicita para una de las acusadas: 5 años y 6 meses de prisión. Para uno de ellos, 9 meses de cárcel y el resto oscila entre los 2 y los cuatro años. En algunos casos se ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de «grave adicción»; aunque también se impone el agravante de reincidencia en algunos casos.