PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEMORIAL RECOGIDA POR PODEMOS

Amececa solicita al Ayuntamiento de Cáceres un inventario para cumplir la Ley de Memoria Democrática

Salaya asegura que hacer la revisión de los vestigios franquistas «no será fácil»

Escudo franquista que luce en la fachada principal del edificio sindical.

Escudo franquista que luce en la fachada principal del edificio sindical. / EL PERIÓDICO

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha solicitado que el Ayuntamiento de Cáceres realice un inventario para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que habla de la revisión de honores y distinciones a quienes ocuparon cargos durante la dictadura franquista.

Así se lo trasladó el Grupo Unidas Podemos (UP) al alcalde, Luis Salaya, en la última sesión plenaria de enero, tras preguntar por el desarrollo del inventario «de todos y cada uno de los cargos de la dictadura franquista que conserven cualquier tipo de honor y reconocimiento» en la ciudad de Cáceres. El edil de UP Raúl Martín se dirigió al regidor cacereño durante el pleno para hacerle llegar la petición de Amececa, en el turno de ruegos y preguntas.  

«No sé si hemos empezado con esto; creo que no, pero tendremos que hacer la revisión como todas las instituciones, lo cual no va a ser fácil», aseguró escuetamente el alcalde cacereño en la primera sesión plenaria del presente año. 

Escudo franquista

Amececa ya solicitó el pasado mes de diciembre retirar el escudo franquista del edificio sindical, construido en 1960 y que tiene su fachada principal en la antigua avenida Primo de Rivera (ahora Clara Campoamor) de Cáceres, así como del símbolo del sindicato de vivienda.

El edificio fue sede de la organización sindical del franquismo y del Ministerio de Trabajo, y es patrimonio de la Administración General del Estado. Actualmente, está cedido a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y a la Federación Empresarial Cacereña. El inmueble se encuentra catalogado como bien protegido en el Plan General Municipal (PGM), por lo que rige un nivel de protección estructural que prohíbe demolerlo y limita las acciones a reformas puntuales.