Disección del conflicto de Canal de Isabel II en Cáceres

Cuatro meses han transcurrido desde que el pasado 10 de octubre de 2022 los representantes de los trabajadores de la concesionaria del agua en Cáceres, Canal de Isabel II, anunciaran movilizaciones «ante la falta de respuesta y la negativa de la empresa a negociar un convenio digno e igualitario». Entonces avanzaron un calendario de acciones reivindicativas, sin descartar paros, movilizaciones y huelgas. La indiferencia de la directiva de la empresa pública madrileña les llevó a convocar una manifestación ante la sede central (en Madrid), inicialmente, para el 25 de febrero. Ahora, han paralizado las protestas tras la mediación del alcalde, Luis Salaya, quien ha trasladado que la dirección retomará la vía del diálogo.

«Flagrante discriminación»

El origen del conflicto es claro y evidente: los empleados de Canal en Cáceres se rigen por unas condiciones de trabajo diferentes a los trabajadores de Madrid y del resto de España, algo que el Comité de empresa considera una «flagrante discriminación». 

Desde 2015

El Comité de empresa asegura que se ha venido solicitando la aplicación del convenio o, en su defecto, la negociación de un convenio propio, para evitar esa discriminación entre los trabajadores. Y añaden que desde 2015 «sufrimos la aplicación unilateral de un convenio estatal que redujo las condiciones logradas».

El «peor de los convenios posibles»

Subrayan que «es el peor de los convenios posibles», ya que incluso existe un convenio regional «que tampoco nos aplican». Mientras tanto, la empresa ha firmado un convenio propio superior «que aplica en otros centros». 

La ley del embudo

Aunque, puesto que la empresa tiene su sede en Madrid, «sí nos aplican las restricciones impuestas para la Comunidad de Madrid, que limita la subida salariales pactadas en el convenio y las contrataciones de personal». Es decir, que la empresa pública aplica la ley del embudo en el caso de la delegación de Cáceres. También subrayan los representantes que la empresa «aplica restricciones salariales y otras limitaciones por ser empresa privada con 100% de capital público, cuyos beneficios empresariales revierten en la Comunidad de Madrid». Por esto, las reivindicaciones cuentan con el apoyo mayoritario de la plantilla y «con la unanimidad de las organizaciones sindicales representadas en el comité».

Teletrabajo

Ejemplos de esa discriminación se suceden en el caso de la delegación cacereña. Ya en septiembre de 2022, los trabajadores denunciaron la «discriminación» con respecto a los empleados del resto de centros de trabajo de la compañía por la no renovación del acuerdo que regula el teletrabajo, que venció el 31 de mayo de 2021. Entonces, se solicitó en tiempo y forma reunirse para su renovación, pero la empresa no puso fecha y «ni siquiera ha respondido a los escritos presentados». 

Sin diálogo

Los trabajadores protagonizaron el pasado lunes la décima concentración frente a la delegación local (comenzaron a manifestarse en noviembre) esperando acercar posturas o llegar a un principio de entendimiento entre la plantilla y los directivos de la empresa pública madrileña. El silencio de los directivos ha sido (hasta ahora) la tónica reinante en todos estos meses de conflicto laboral.

Mediación

A la falta de diálogo con la dirección de la empresa madrileña se le une la mediación de la Administración, que tampoco ha fructificado (al menos de momento). El Ayuntamiento de Cáceres ya anunció su mediación al inicio del conflicto laboral, «ante la falta de respuesta y la negativa de la empresa a negociar nada». Ya en octubre de 2022, el concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, exigía que se retomase «cuanto antes el diálogo con los trabajadores, respetando las condiciones laborales» y expresaba que la empresa concesionaria del servicio de agua «tiene bastantes cosas que solucionar en la ciudad». Por su parte, el alcalde, Luis Salaya, se ha reunido en varias ocasiones con el Comité de empresa, que le has trasladado su «sensación de desamparo ante la dirección, que ni siquiera responde a las solicitudes para mantener reuniones».

Reunión en Madrid

Los trabajadores anunciaban el 18 de enero que Salaya había solicitado una próxima reunión en Madrid con el propio consejero delegado de Canal, Pascual Fernández, «para personalmente exigirle que se sienten a negociar de buena fe y con el animo de llegar a acuerdos, no como hasta el momento». El alcalde, Luis Salaya, se reunió con Fernández el pasado 9 de febrero y valoró que «se ha comprometido a buscar fórmulas para reabrir un espacio de diálogo con la representación de los trabajadores».

Manifestación en Madrid

Ante esta tesitura, el Comité de empresa se vio obligado a dar un paso más y a fijar una fecha para manifestarse en Madrid frente a la sede central: el 25 de febrero, con el objetivo de reclamar la igualdad entre trabajadores de una misma compañía y la aplicación de unas condiciones dignas para los trabajadores de la delegación cacereña. No obstante, tras la reunión de Salaya con Fernández, han cancelado temporalmente cualquier protesta.

Acciones legales

Paralelamente a sus actos reivindicativos, los trabajadores han anunciado que los servicios jurídicos preparan demandas para reclamar en los tribunales la discriminación del convenio, así como varios conflictos colectivos que hay en curso y las diferentes denuncias registradas ante la inspección de trabajo. 

Salaya: «Canal se ha comprometido a reabrir el diálogo con los trabajadores»