el balance del consejo general del poder judicial registra 9 casos hasta septiembre en la provincia

Los juzgados instruyen dos causas por okupas en el arranque de año en Cáceres

Contabiliza una media de tres litigios por ocupación cada trimestre. En el país son 700. En tres años la ciudad ha registrado casos en Camberos y Mejostilla y Margallo, el más reciente

Un coche de Policía Nacional pasa por la casa okupa de Margallo, escenario de los incidentes más recientes en Cáceres.

Un coche de Policía Nacional pasa por la casa okupa de Margallo, escenario de los incidentes más recientes en Cáceres. / LORENZO CORDERO

Los juzgados instruyen dos causas por okupas en Cáceres. Según los datos que recoge el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), los propietarios de los inmuebles en la provincia han acudido a la justicia ante la presencia de inquilinos ilegales y ambos se encuentran en este primer mes del año en fase de instrucción. 

Esta cifra mantiene la dinámica de casos por ocupaciones ilegales en Cáceres, que en los últimos años no supera las cinco denuncias por trimestre. En relación a los últimos datos que recoge el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)en su estadística por provincias, Cáceres celebró 3 juicios posesorios por ocupaciones ilegales. Badajoz contabiliza 5. En total, en Extremadura suman 8 causas, apenas un 1% del total en España en ese mismo periodo -julio, agosto y septiembre-, en el que se registraron 607 juicios. La ciudad con más causas abiertas fue Madrid con 51. 

En relación a los dos trimestres anteriores, Cáceres maneja cifras semejantes. De enero a marzo de 2022, registra tres juicios posesorios por ocupación ilegal mientras que en el total global del país es 740. De abril a junio, acumuló otras tres vistas por este asunto de las 779 que se realizaron en el conjunto de España. 

La estadística representa que la presencia de okupas en la provincia continúa en unos parámetros de mínimos ya que en la comparativa no representa ni el 1% de las causas en lo judicial. No obstante, estos datos reflejan los casos que llegan a los tribunales porque los propietarios presentan una denuncia y se inicia el proceso en los juzgados. Existe otro cómputo que no se refleja en las estadísticas oficiales ya que se trata de viviendas abandonadas o los propietarios no son conocedores de la situación de sus propiedades. 

En este cómputo oculto se encuentra, precisamente, el caso más reciente en la capital cacereña que afecta a vecinos de la calle Margallo. Los residentes aseguran que los inquilinos llevan en el número 64 desde hace al menos tres años. La dificultad de localizar al propietario del edificio que se encuentra en visible estado de abandono y ruina dificulta la tarea a la hora de desalojarlos.

A escasos metros tan solo se produjo otro caso hace dos años aunque con diferente desenlace. Unos inquilinos ocuparon una vivienda baja de la calle Camberos también en aparente estado de abandono, no obstante, el dueño se personó horas después y los desalojó por la fuerza. Un testigo lo grabó y el vídeo circuló durante días en las redes sociales. En Cáceres el Viejo también unos okupas entraron en una unifamiliar y los vecinos los echaron a caceroladas. 

Un año para resolverse

En cuanto a los plazos que manejan los tribunales para resolver estos litigios por okupas, según las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la media nacional es de 18 meses. Esta cifra se extrae en primer lugar de los 9 meses que tarda en dictar sentencia el juzgado de instrucción y los 8 meses que se demora la apelación. En Extremadura se reduce a 14, es decir, un año y dos meses.

El caso de Margallo llega al pleno: "Trabajamos para buscar solución"

La denuncia de la casa okupa de Margallo llegó al pleno del ayuntamiento este jueves. Tan solo unos días después de que se produjera el último incidente en el edificio, un incendio sobre el que aún se estudian las causas y que se resolvió afortunadamente sin daños personales, el asunto fue objeto de debate en el apartado de ruegos y preguntas de la sesión en el consistorio. 

Fue el concejal del Partido Popular (PP) Pedro Muriel el que trasladó la queja al equipo de Gobierno. En su intervención, manifestó la inquietud vecinal sobre el asunto puesto que la presencia de los inquilinos ilegales «afecta a la convivencia en la calle y a la seguridad de todos los edificios y viviendas colindantes y es un problema que empieza a ser ya de seguridad pública y de salubridad». En ese sentido, preguntó sobre las actuaciones que se están llevando para atajar esta problemática. Argumentó la concejala de Seguridad, María José Pulido, que incidió en que el ayuntamiento trabajan desde el área de Disciplina Urbanística «para buscar solución». «Estamos en ello», ha puesto de manifiesto. 

En esta misma línea, ha precisado que los técnicos municipales se han trasladado hasta el inmueble «para ver cuál es la realidad y qué posibles soluciones podemos dar». Una de las cuestiones que dificultan la actuación municipal en este caso parte de que se trata de un inmueble privado, una cuestión a la que hizo alusión la propia concejala. «Podemos intervenir en la medida en que podemos intervenir», concluyó. No entró a precisar en su intervención si desde el ayuntamiento se han puesto en contacto con el propietario del edificio para comunicarle la situación o valorar actuaciones conjuntas. 

El detonante de la denuncia vecinal en Margallo estuvo motivado por los dos últimos incidentes que se han producido en su interior, ambos en un periodo de menos de un mes. El primero estuvo relacionado con la rotura de una tubería que dejó a toda la calle sin agua. El segundo, el más reciente, un incendio que se produjo en una de las habitaciones que provocó la alarma por la humareda.