La cafetería de San Jorge no se podrá licitar hasta que no se arregle

La cafetería de San Jorge seguirá cerrada hasta que su situación se resuelva en los tribunales. Los locales no podrán sacarse a concurso hasta que no se arreglen los daños en la cubierta y para que eso suceda, primero el juez tendrá que determinar quién es el responsable de la reparación, si es el ayuntamiento, dueño del inmueble, o bien es la fundación Mercedes Calles, encargada de gestionar el bar desde hace diez años. 

Tras años sin actividad en los locales y con silencio por parte de las partes implicadas, ha sido esta semana cuando este diario hizo público que sería el juzgado el que pondría fin a una situación encallada ya en el tiempo. Lo cierto es que hasta la fecha ni ayuntamiento ni fundación han mantenido posturas beligerantes pero su posicionamiento sí ha sido distante. El consistorio, por su lado, defendía que los daños se habían originado en el transcurso de las obras de ampliación de la cafetería y por tanto, el arreglo debía asumirlo la fundación. En un primer momento, aseguró que la adjudicataria iba a costear la reparación pero no fue así. 

La fundación, por otro lado, desmiente la versión municipal y alega que «ya existían fallos estructurales en los locales previos al arrendamiento» y por tanto, no eran de su competencia. Tras la publicación de este rotativo este martes, la adjudicataria, hasta ahora sin pronunciarse, emitió un comunicado en el que corroboraba esa postura y anunció acciones legales contra el consistorio.

En esa nota también desvela que ha rescindido el contrato con el Ayuntamiento de Cáceres, un dato que no había trascendido hasta el momento. Concreta que el acuerdo que fue suscrito por el anterior gobierno liderado por Elena Nevado (PP) con la dirección de la fundación quedó roto el pasado 3 de febrero. En ese sentido, también ha dejado por escrito que ha satisfecho la renta íntegra al ayuntamiento y ha mantenido el empleo de sus trabajadores a pesar de haber cesado la actividad.

Hasta tres informes

En total, para dilucidar aunque sin éxito de quién es la responsabilidad de los daños en los locales se han encargado hasta tres informes en estos tres años. Uno por parte del ayuntamiento, otro por parte de la fundación y un último, encargado a un tercero mediante un proceso de licitación pública. Aún así, no ha llegado a haber acuerdo entre arrendador y arrendatario. 

Precisamente, este miércoles, horas después de que se pronunciara la fundación, realizó declaraciones públicas el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello. Defendió la postura municipal de acudir a los tribunales porque «no había más camino» y entendió que la fundación haga lo propio porque «está en su derecho». «Cuando hay discrepancias, hay que buscar terceros para que determinen de quién es la razón», añadió en alusión a la justicia. 

En ese sentido, reconoció a los medios que la situación «ha sido delicada» y manifestó que en todo momento han mantenido «una línea de debate con la fundación siempre conforme a la ley de Patrimonio» hasta que han constatado «una serie de incumplimiento flagrantes» y «una dilación interesada» por su parte. «Han demorado muchísimo por los propios problemas internos que ha estado atravesando la fundación los periodos de respuesta en una paciencia infinita por parte del ayuntamiento para dar una solución, hemos agotado la escucha en todos los plazos y hemos visto que ha habido una dilación que perjudica a todos los ciudadanos de Cáceres», concluyó. H

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