REACCIONES A LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE IMPIDE INSTALAR GRANDES FOTOVOLTAICAS EN LOS LLANOS
La Junta de Extremadura respeta la sentencia del Supremo, pero defiende los beneficios de las fotovoltaicas
El ayuntamiento de Cáceres ya está trabajando en un nuevo cambio del Plan General Municipal de urbanismo
El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, mostró este miércoles el respeto de la administración autonómica a la sentencia del Tribunal Supremo que impide la implantación de grandes fotovoltaicas en los Llanos de Cáceres, al tiempo que recordó que «instalar plantas fotovoltaicas es ayudar a combatir el cambio climático». «Somos respetuosos con todas las sentencias que hay en un estado de derecho», pero ante el cambio climático «instalar plantas fotovoltaicas es ayudar a combatirlo», comentó, en declaraciones recogidas por Europa Press, a preguntas de los medios de información.
Por su parte, el alcalde, Luis Salaya, reiteró este miércoles que desde el martes, cuando se conoció el contenido de la sentencia del Supremo, se está trabajando en la elaboración de una nueva propuesta de modificación del plan de urbanismo para que puedan darse facilidades a las empresas que quieran instalar parques fotovoltaicos. «Lo que estamos planteando, para dar garantías a futuros inversores, es iniciar una nueva modificación del Plan General Municipal (PGM) de urbanismo con una valoración de las fotovoltaicas que demuestre algo de lo que estamos convencidos: que las plantas están incluso mejorando los datos de biodiversidad de muchas zonas», apuntó el regidor.
Esa modificación, según indicó el alcalde, se haría siguiendo las indicaciones del Supremo, que en su resolución precisó que no existe un informe de evaluación ambiental ordinaria que permita conocer qué efectos tendría no poner límites a la instalación de grandes plantas fotovoltaicas en el suelo no urbanizable de protección Llanos. La consideración del Supremo es que no se ha demostrado que no se vulnera el principio de regresión ambiental y que no queda tampoco demostrado que no se puedan causar daños ambientales irreversibles. Salaya no detalló cuántos proyectos han quedado aparcados por la sentencia del Supremo.
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