Mateos tendrá un margen muy corto para su promesa de bajar impuestos en Cáceres

El nuevo gobierno local se enfrentará a partir del 17 de junio a nuevos retos, unos porque tocan en este mandato (las revisiones de los contratos de la basura y los autobuses), otros porque son promesas electorales (la reducción de la carga fiscal) y uno de ellos porque después de seis años tendrá una resolución en esta corporación (el proyecto de la mina de litio). 

Los impuestos. La primera propuesta que ha hecho el candidato del PP es una bajada de impuestos. De todos, salvo el de vehículos, incluso el de plusvalía lo eliminaría. Para llevarla a cabo tiene un margen muy estrecho y dependerá de las transferencias de fondos de otra administración, del Estado. Si estas aportaciones estatales no se aumentan, la bajada tributaria no será tan fácil llevarla a la práctica en todas sus medidas, salvo que haya un retoque de algunos de los gastos corrientes.

¿Por qué no será fácil? El ayuntamiento cuenta con unos gastos corrientes a los que anualmente está obligado a hacer frente. Solo los puede afrontar con los impuestos, las tasas y las transferencias de fondos. El gobierno saliente ha estado toda la legislatura haciendo equilibrios para cuadrarlos sin recortar gastos: primero gracias al impuesto de construcciones que han pagado Iberdrola y Alter Enersun por sus macroparques fotovoltaicos y segundo con la subida del IBI y del impuesto de vehículos.

En el presupuesto de 2022, último aprobado y que está prorrogado, había gastos corrientes por importe de 68,8 millones de euros, a los que se sumaban 1,7 millones de las amortizaciones de las operaciones de crédito a largo plazo. Un total de 70,5. Esos gastos se actualizaron en abril con una modificación del presupuesto prorrogado en al menos dos partidas:1,7 millones de los gastos de energía y 1,8 del capítulo de personal. El gasto corriente se ponía en 74 millones. 

En las operaciones corrientes de ingresos (lo que se recauda principalmente de impuestos, tasas y transferencias del Estado) del presupuesto de 2022 había 73,3 millones. Y esta cifra no debe ser inferior a la de los gastos corrientes y amortización de préstamos, salvo que se recorten gastos de personal, de servicios municipales, de compras corrientes, de transferencias, de subvenciones o de gastos financieros y deuda por operaciones de crédito o se hagan unas previsiones de gastos lo más ajustadas posibles y reales porque los últimos años se han cerrado con remanentes elevados, en su mayoría en el capítulo de inversiones, que no son gastos corrientes, pero también en algunas de las partidas de éstos. 

Aún no se ha hecho pública la cuenta general de 2022, pero si las medidas fiscales propuestas por Mateos se aplicasen sobre el cierre del ejercicio de 2021, los ingresos se recortarían en 67.787 euros en la plusvalía, en 775.927 euros en el IAE y en 985.760 euros en el tributo de construcción (y esto aplicándolo sobre la recaudación neta, no sobre los derechos reconocidos). Y si a lo anterior se aplicase anular la subida del IBI de 2022, a la que el PP se opuso, serían 3 millones menos. En total casi 5 millones menos de ingresos corrientes para un gasto corriente que no ha parado de subir.

Los presupuestos. Aquí Mateos va a necesitar a Vox. Ni el PSOE ni Podemos le van a sacar adelante las cuentas (lo que le pasó a Elena Nevado -PP- con Luis Salaya -PSOE- en 2016 no se va a repetir). Es lo principal que tiene que aprobar el gobierno local cada anualidad. Y también lo tendrá que sacar adelante antes de que acaba el ejercicio anterior. En esta legislatura, todos los presupuesto se han aprobado fuera de plazo y para el último año, 2023, ni siquiera se cuenta con unas cuentas actualizadas, están prorrogadas las de 2022. A la vuelta de las vacaciones es lo primero que tendrán que tratar PP y Vox. Es el mejor documento para hacer política en el ayuntamiento. La salvedad que permitía la legislación estatal, de que con un presupuesto prorrogado el siguiente lo pudiese aprobar la junta local de gobierno, está derogada. PP y Vox están condenados a entenderse para que la ciudad pueda disponer de un presupuesto actualizado y real que no dependa de los remanentes de tesorería y de las modificaciones puntuales de crédito.

La mina de litio. No es una decisión que dependa solo del ayuntamiento. Es la declaración de impacto ambiental la que más peso va a tener. En ese momento el ayuntamiento tendrá que volver a informar sobre la viabilidad del proyecto con respecto a la ordenación del territorio. Aunque el plan de urbanismo no se tuviese que modificar en el valle de Valdeflores porque allí se llegue por el subsuelo (este es un debate abierto), en la zona donde se instalaría la planta industrial y el depósito de estériles sí es necesario ese cambio del plan de urbanismo porque ahora mismo es un suelo no urbanizable que está protegido. 

Las 25 (+1) caras del Ayuntamiento de Cáceres

Aunque es un proyecto vinculado al litio, el ayuntamiento sigue teniendo la competencia en conceder la licencia. Pero todo dependerá principalmente de las conclusiones del estudio de impacto ambiental que haga la Junta, con la opinión, entre otros, del ayuntamiento, que es de los que más tendrán que decir y que podrá ser más o menos combativo con la mina en función de ese estudio. La modificación del plan general de urbanismo, en el caso de que fuera necesaria, también necesitaría de mayoría absoluta y de al menos un acuerdo entre PP y Vox.

La basura y el autobús. Esta corporación tendrá que resolver dos de los principales concursos de concesión de la gestión de servicios públicos. El de la basura y la limpieza viaria lo hará en los primeros meses del mandato. Es un contrato con una duración de 11 años, tiempo que se ha estimado que se tardará en amortizar la nueva maquinaria, y con un coste anual de casi diez millones de euros. Es más del 10% de los presupuestos del ayuntamiento. Será el concurso más importante que se resuelva en la ciudad desde el del agua hace más de una década. Este concurso se tuvo que adjudicar hace dos años, pero se ha prorrogado el contrato que desde 2006 se tiene con Conyser, que también ganó la vez anterior que esta prestación salió a licitación.

Si la basura es el segundo contrato en importancia en la ciudad tras el del agua, el tercero es el del autobús urbano, con un coste que supera los seis millones de euros y con un déficit que se ha visto incrementado en los últimos años (sobrepasa los cuatro millones), primero durante los meses de incidencia de la pandemia y luego para las medidas adoptadas por la corporación local para abaratar su uso y extender la utilización del autobús con rebajas en los bonos, en parte subvencionada por el Estado, y gratuidad para los menores. El contrato en vigor, con el grupo Vectalia, finalizará durante este mandato. También se tendrá que dar una solución a la zona azul, con un contrato que lleva años prorrogado.