EL JUICIO CONTINÚA ESTE JUEVES CON EL INTERROGATORIO A TESTIGOS Y PERITOS

Acusan a tres socios de Almonte 2000 de comerciar con fincas a precios inflados

Hay un cuarto acusado en la causa, el secretario de la empresa que no era socio. Están imputados por apropiarse de 7 millones de euros. La acusación particular, ejercida por Ángel Sánchez Cortés, dulces y conservas Jarry y Pedro Teomiro, pide penas de prisión y una indemnización millonaria

Uno de los acusados, J. G., durante el interrogatorio del juicio, este miércoles en Cáceres.

Uno de los acusados, J. G., durante el interrogatorio del juicio, este miércoles en Cáceres. / LORENZO CORDERO

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Breve sesión inaugural del juicio a los cuatro socios acusados de administración desleal en Promociones Almonte 2000, una de las empresas más relevantes de los últimos años en Cáceres que entre otros proyectos promovió la apertura, finalmente fallida, del Corte Inglés en la ciudad.

Apenas se ha prolongado dos horas la primera jornada de la vista en la Audiencia Provincial de Cáceres este miércoles. A la hora de cuestiones previas entre las partes, en las que la Sala ha admitido nuevas pruebas de los letrados, la ha seguido la escasa media hora de interrogatorio a los acusados ya que, de los cuatro imputados, solo ha querido responder a las preguntas de la fiscalía y de su propio abogado J. G., el que fuera secretario de la sociedad en 2013. Los otros tres, J. G., A. G. y J. L. G. se acogieron a su derecho a no declarar.

Como acusación particular se han presentado cuatro afectados por las pérdidas, todos socios de la empresa. Son Ángel Sánchez Cortés, dulces y conservas Jarry, Pedro Teomiro y GP promoción de suelos. Según precisa en declaraciones públicas el abogado de los tres primeros, Raúl Fuentes, piden una condena para los acusados por administración desleal, delitos societarios y falsedad en documento mercantil y reclaman una indemnización que supera los 1,2 millones en el caso de Sánchez Cortés. La fiscalía solicita penas que oscilan entre los once meses de prisión y cinco años por un delito de apropiación indebida, cuatro años por administración desleal y dos años por delito societario.

Según expone Fuentes, los hechos se remonan a 2011 cuando "en una junta, los socios, entre los que se encuentran los afectados, acuerdan adquirir unas participaciones". "En marzo de 2013, parte de los socios asesorados por quien entonces era secretario, J. G., acuerdan no reconocer los derechos que tenían estos socios, por lo que se quedan en minoría y es entonces cuando los acusados empiezan a hacer lo que les da la gana dentro de la sociedad, tenían una mayoría fingida y sin tener en cuenta al resto de socios, acaban disponiendo de 7 millones que tenían una sicav en Madrid a través de distintos métodos, entre ellos, con la compraventa de bienes a la sociedad por precios muy por encima de su valor".

En ese sentido, detalla que el delito está relacionado con la compraventa de terrenos a precios inflados. "En Chiclana de la Frontera compraron un terreno que no existía porque se reparceló y pasó a formar parte de otra finca, luego otra finca rústica en Cáceres, que se vendió por un valor muy superior y otro terreno industrial, con un valor bajísimo en Badajoz", concreta. El modus operandi que usaban, de acuerdo con la versión de la acusación, era vender terrenos suyos sin valor a la empresa Cartera Inmobiliaria --una compañía cuyo único socio era Almonte 2000-- por precios elevados para quedarse con el dinero de la sociedad.

Precisa el abogado que en diciembre de 2012 la empresa tenía liquidez solvente y generaba beneficios de 400.000 euros al año. Finalmente, ambas sociedades entraron en concurso de acreedores, según recoge el juzgado por sentencia, en 2019.

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