En su quinta campaña electoral, en mayo de 2003, el entonces candidato y después alcalde, José María Saponi, se presentó con el lema de ‘Cáceres de Toda la Vida’. Claro, con ese eslogan ganó esas elecciones, aunque luego el mandato no fue nada fácil por el apagón que supuso quedarse sin Felipe Vela a mitad del mismo. El término catovi, expresión nacida de la pluma de Antonio Sánchez Buenadicha en sus artículos en este diario, surge de dicho lema. Pues bien, catovi es Conyser, el nombre de esta empresa cacereña está ligado a la recogida de basura y a la limpieza de las calles desde hace décadas, aunque en unos meses esa relación puede pasar a la historia. Conyser no se presenta al concurso que convocó el ayuntamiento para renovar la concesión.
Conyser no es la única empresa que había mostrado interés por presentarse a este concurso y que al final no hace una oferta por los costes que para la prestación del servicio se calculan en las condiciones de la licitación. El ayuntamiento hace una estimación de lo que pagará a la adjudicataria por recoger la basura y limpiar las calles, es el máximo. Se calcula un precio de 10,1 millones en el primer año de concesión. Lo normal en estos concursos es que las empresas rebajen en sus ofertas esos costes.
Pero esta estimación se realizó en 2021 con la información aportada por varias de las grandes empresas del sector, entre ellas Sacyr, que a la postre es la única que se presenta a la licitación y que, si no se anula el concurso o si su oferta no es válida, será el próximo gestor del servicio.
Con la información recabada se hizo la estimación de la estructura de costes, el documento principal del concurso, y se sometió a exposición pública sin que nadie alegase. Luego tocaba aprobarla por el pleno de la corporación local. Pero aquí surge el primer problema: para aprobarla se necesitaba un informe preceptivo de un órgano estatal (el Comité Superior de Precios de Contratación del Estado) o el autonómico correspondiente. Se tardó casi un año en tramitar la obtención de ese informe. Se solicitó, y en alguna ocasión en más de una vez, al órgano estatal y a dos autonómicos. Pero nadie lo emitió . Al final, tirando de jurisprudencia, el pleno aprobó la estructura de costes con el fundamento de que el informe, pese a preceptivo, no era vinculante. Pero ya se había perdido un año desde que se elaboró la estructura de costes y 2021 se había cerrado con un IPC del 6,5%. Y luego se tardó otro año en aprobar todo el expediente para sacar a licitación el contrato y 2022 acabó con un IPC del 5,7%. El concurso salió en junio con una estructura de costes de 2021, aunque el principal gasto, el de personal, sí se actualizó. No otros como mantenimiento, maquinaria, combustible o costes financieros.
Puede que el concurso se repita si la Comisión Jurídica de Extremadura obliga a ello si estima el recurso de Moda Re- (Cáritas) por la recogida de ropa. Preguntado el viernes por si se revisarían al alza los costes en caso de repetirse el concurso, el portavoz del gobierno, Ángel Orgaz, dijo que todos los escenarios están abierto, aunque no especificó cómo se haría esa revisión, si con el interminable proceso que se ha seguido o con una actualización con el IPC. En cualquier caso, un mayor coste puede suponer a la larga que el usuario pague más por el servicio y el gobierno ha anunciado una bajada de impuestos, que no cuadra con una subida de una tasa o tarifa.
Vela dejó el gobierno de Saponi tras promover una subida de impuestos. No ha habido más casos, solo la subida que Cristóbal Montoro impuso a Elena Nevado y la de Luis Salaya, ya que no hay nada tan poco catovi como pagar más por impuestos o tasas.
