La segunda fase de la reforma del monumento almohade

La Audiencia Nacional decidirá quién paga la reforma de la muralla

Es la que tendrá que resolver el recurso del ayuntamiento para que Transportes reintegre los 844.624 euros que retiró  

El consistorio tiene que cambiar de despacho de abogados tras la renuncia del primer adjudicatario 

El ayuntamiento está a la espera de la empresa de la obra de la muralla para que los trabajos se puedan reiniciar

Las vallas que había junto a la muralla en enero, cuando se paró la reforma.

Las vallas que había junto a la muralla en enero, cuando se paró la reforma. / CARLA GRAW

José Luis Bermejo

José Luis Bermejo

La decisión sobre si el Ministerio de Transportes y Movilidad tiene que devolver al consistorio la aportación que realizó para la reforma de la muralla se dilucidará en la Audiencia Nacional, órgano que tendrá que resolver el recurso interpuesto por el ayuntamiento. Por ahora el consistorio ha tenido que cambiar de despacho de abogados para defender el reintegro de la ayuda retirada por el ministerio. Esta viernes el portavoz del gobierno, Ángel Orgaz, informó de que el ayuntamiento pondrá en conocimiento del Colegio Oficial de Abogados de Madrid la decisión del despacho Marina Abogados de resolución unilateral del contrato que tenía con el consistorio para el pleito de la muralla. Se pone en conocimiento por si este hecho pudiera ser constitutivo de una falta de deontología profesional. «Nos encontramos con la retirada de una subvención y ahora con problemas jurídicos en la defensa de los intereses de Cáceres», resumió el portavoz del gobierno.

Lo que está en juego en este proceso son 844.624 euros, que es la aportación que realizó el ministerio. Hasta septiembre del pasado año todo iba según lo previsto. En marzo de 2020 el ayuntamiento había presentado al ministerio la petición de financiación para la segunda fase de la reforma de la muralla, del tramo que está entre las torres del Aver y Redonda y del adarve en esta zona. Se pedía con cargo a la partida que este ministerio destina para obras de rehabilitación del patrimonio y elementos culturales. Así se financió, por ejemplo, la primera fase de la reforma de la muralla almohade, en el tramo del baluarte y torre de los Pozos, o la mejora de la fachada de la concatedral de Santa María. El ministerio informó en diciembre de 2021 de que ponía los fondos. El total de la obra de reforma era de 1.214.500 euros. Pero en este programa el ministerio aporta el 70% (844.624 euros) y el ayuntamiento el 30% restante (361.982 euros). Se sacó a licitación el proyecto y después salió la contratación de las obras. La propuesta de adjudicación se hizo en agosto de 2022 a favor de la empresa Cabero Edificaciones por 1.017.143 euros.

Cuando se hizo la propuesta de adjudicación ya se advertía de que había crédito para la anualidad de 2022, en total 179.453 euros, pero que en el caso de prórroga presupuestaria, que fue lo que al final pasó, no habría crédito suficiente para la cofinanciación municipal. Y al final tampoco lo hubo de la aportación del ministerio, ya que en septiembre de 2022 Transportes adelantó al consistorio que no iba a haber ayuda del Gobierno. 

En enero de este año se tuvieron que parar las obras, se habían iniciado en octubre con la colocación de los andamios, porque no había crédito para pagar las certificaciones. En diciembre de 2022 el ministerio ya había comunicado al ayuntamiento que se tenía que reintegrar la totalidad de la subvención concedida (844.624 euros), y el 17 de enero se pararon las obras porque ya no había crédito tras la obligación de tener que reintegrar la ayuda ministerial. 

Hubo que esperar hasta abril, cuando el ayuntamiento habilitó crédito en el presupuesto con una modificación del mismo con una partida de 1.011.762 euros, casi el total del coste de adjudicación de la obra. El dinero salió del remanente de tesorería con el que se cerró la liquidación del ejercicio de 2022. Luego se expuso el acuerdo de financiación adoptado por el pleno del ayuntamiento y a finales de mayo ya era definitivo, ya había otra vez crédito, todo con cargo a fondos del consistorio.

No ha sido hasta julio cuando por parte de la alcaldía se firmó la resolución por la que se levantó la suspensión de las obras, aunque este viernes en el ayuntamiento no se tenía aún la comunicación de la empresa sobre cuándo reiniciaría los trabajos en la muralla, «ya les hemos notificado oficialmente que deben dar inicio a la obra, cuando tengamos comunicación de la empresa nos reuniremos con ella para fijar un calendario de ejecución de las obras», comentó el portavoz.

¿Por qué retiró el ministerio la subvención concedida? En junio de 2021, el ayuntamiento presentó en el ministerio una resolución de la Consejería de Cultura que autorizaba el proyecto de reforma de este tramo de la muralla, aunque con la observación de que constituía un primer y necesario análisis que debía ser continuado. Tres meses después, el ministerio respondió al consistorio que si durante la obra se tuviera que hacer un modificado del proyecto no aportaba su financiación. En diciembre de 2021, el ministerio concedió a Cáceres 844.624 euros, su parte de la cofinanciación, que es el 70%.

Pero en junio de 2022, el ayuntamiento informó al ministerio de que se había tenido que hacer un cambio puntual del proyecto de la muralla (no es una modificación durante la ejecución de la obra), autorizada por la Junta y tras las observaciones hechas en la Comisión Provincial de Patrimonio. Esa modificación, según argumentó el ayuntamiento, solo afectaba a la textura de piedra del muro pantalla que debe ocultar las escaleras de acceso a un nuevo tramo de muralla transitable en el adarve del padre Rosalío. 

 Pero lo que para el ayuntamiento es un cambio puntual, para el ministerio es una modificación sustancial al considerar que no solo se cambia la textura de la piedra, sino que también se elimina uno de los dos ascensores proyectados, se monta una nueva escalera de perfiles tubulares de acero, hay variaciones en el tipo y material de pavimentos y de barandillas y hay una modificación de losas y solados de hormigón.

El ministerio no entra en si hay que poner un material u otro o si hay que volver a poner el ascensor. Lo que cuestiona es que se han realizado unas modificaciones que alteran el proyecto inicial en un proceso en el que Cáceres competía con otras localidades para recibir la ayuda estatal.   

La interpretación del ayuntamiento es muy distinta. Primero por considerar que los cambios han sido leves y siempre tomando como base las consideraciones de la Comisión Provincial de Patrimonio. Además defiende que los cambios no afectan ni a los tramos de muralla incluidos en el proyecto inicial ni al fin principal del mismo, sino que son variaciones que concretan materiales a utilizar y que definen las soluciones de acceso a la muralla. Este será uno de los argumentos de la demanda que se presentará ante la Audiencia Nacional, dentro del recurso que se debe resolver. Se insistirá en que los cambios no son sustanciales y que no alteran los criterios por los que se dio la subvención, además se defenderá que la decisión de retirar la ayuda no es proporcional frente a unas modificaciones hechas que no son sustanciales y que siguen las indicaciones de la comisión de Patrimonio.

En cuanto a la ruptura del contrato por Marina Abogados, su argumento fue la demora en el pago de la primera factura que emitió, aduciendo que el ayuntamiento tardó más de seis meses. La respuesta del ayuntamiento ha sido que esa demora fue de menos de dos meses, por lo que la ruptura del contrato no está justificada.

Suscríbete para seguir leyendo