El ayuntamiento reactivó ayer el concurso que decidirá la principal licitación municipal de la década, con un coste de 121 millones de euros para 11 años: la contratación del servicio de Limpieza viaria, Recogida y Traslado de Residuos en la ciudad. Y lo hace con varias incógnitas sobre la mesa: conocer si la cooperativa de Cáritas Moda re- acudirá finalmente a los tribunales e interpondrá un contencioso-administrativo y comprobar si la propuesta económica de Valoriza es viable para un servicio esencial.
Esto se ha producido después de que la Comisión Jurídica de Extremadura se haya pronunciado y haya dictaminado que no hay que retrotraer el concurso a la redacción de nuevos pliegos, tras el recurso interpuesto por la cooperativa social de Cáritas Moda re- sobre no incluir un lote separado (como exige la normativa estatal) para la recogida de textil.
Mesa de Contratación
La suspensión del concurso se ha levantado y el consistorio ha convocado una sesión extraordinaria de la Mesa de Contratación para este jueves, 27 de julio, que incluye la apertura de sobres (la única empresa que se ha presentado al concurso es Valoriza, del Grupo Sacyr).
El edil de Servicios Públicos y Medioambiente, Pedro Muriel, valoró este martes el dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura, señalando que el consistorio «sólo puede tener el máximo respeto a la decisión, así como al recurso presentado». Cuestionado por el dictamen por este diario, Muriel añadía ayer: «Nada que decir. Máximo respeto al proceso; seguimos con los plazos».
«Estamos valorando si procede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura»
Por su parte, desde Moda re- también valoraron ayer ese dictamen de la Comisión Jurídica y subrayaron que «no compartimos la decisión ni la argumentación de la misma, y estamos valorando si procede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)».
Así lo manifestaba ayer el director de Moda re-, Albert Alberich, a la que pertenece Remudarte (entidad socia de Modare- y promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres). En esa valoración, Alberich lamentaba que, de entrada, el Ayuntamiento de Cáceres «no haya cumplido con la Disposición Adicional 19a de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular 7/2022, adjudicando al menos el 50% del importe del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles a través de contratos reservados a empresas de inserción y/o centros especiales de empleo de iniciativa social». Este matiz no se incluyó en los pliegos del concurso actual, que fueron aprobados al término de la anterior legislatura.
En defensa del empleo social
Para Alberich, esta decisión municipal «supone una falta de apoyo y defensa a la economía social y a la generación de empleo social para la ciudad de Cáceres».
E insiste en que con esta decisión «se ha impedido que las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social hayan podido participar en esta licitación. Y en el caso específico de Remudarte, le impide seguir creciendo en la creación de impacto social y medioambiental al no poder aumentar los puestos de trabajo de inserción reservados a ciudadanía de Cáceres en riesgo de exclusión social».
En esta línea, desde Moda re- sí celebran «las decisiones de ayuntamientos y diputaciones de toda España que, incluso antes de la aprobación de la Ley 7/2022, ya aplicaban de manera totalmente legal la reserva de mercado al sector del residuo textil, apostando claramente por el apoyo a las formas jurídicas de mayor impacto en la economía social».
La cooperativa social de Cáritas confía en que en las próximas licitaciones públicas del sector en Extremadura «se respete» la nueva normativa
Así, confían en que en las próximas licitaciones públicas del sector en Extremadura «se respete» esa normativa, «ya que estas iniciativas ayudan a favorecer la integración social y laboral de personas en riesgo de exclusión social. Los contratos reservados componen una figura específica de la legislación que permite adjudicar contratos públicos exclusivamente a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, favoreciendo así la inserción laboral y la inclusión social de las personas vulnerables».
