Uno de los mensajes en los que más ha insistido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, desde que en junio tomó posesión de su cargo es que pretende que los presupuestos de 2024 estén aprobados «en tiempo y forma». Esto quiere decir que cuenten con aprobación definitiva el 31 de diciembre, que es cuando marca la ley de Haciendas Locales, plazo que muy pocas veces se cumple en el ayuntamiento. Hacer lo que marca la norma obligará al gobierno local a que la aprobación inicial del presupuesto pase por el pleno a finales de noviembre, ya que a esta decisión sigue un proceso de información pública del documento de quince días hábiles (en diciembre solamente hay 18) en el que se pueden presentar alegaciones. Si no las hay, la ratificación pasa a definitiva. Si las hubiese, hay que resolverlas y el documento tendría que volver a pasar por el pleno.
La discusión del borrador del presupuesto se tiene que producir entre mediados de octubre y noviembre, proceso en el que el gobierno local del PP tiene que asegurarse el apoyo de uno de los grupos de la oposición. Con sus 11 votos, el gobierno no tiene garantizada la mayoría simple, que es la que se necesita para aprobar los presupuestos, en una corporación local que tiene 25 concejales.
Al cierre de 2022 quedaban por cobrar de ese año 2 millones del IBI, 468.000 euros del tributo de rodaje y 339.000 de la grúa
Además el gobierno no cuenta ya con la puerta que la ley de racionalización de la administración local abrió en 2013 para que en caso de presupuestos prorrogados (como ocurre en Cáceres este año, que se ha gestionado con las cuentas de 2022 con modificaciones) fuese la junta local de gobierno la que, si en el pleno no se contaba con los votos necesarios, pudiese aprobar los presupuestos. El Constitucional anuló esta disposición.
El consistorio a 31 de diciembre de 2022 tenía 43,5 millones pendientes de cobrar, de los que 17,5 eran de dudoso cobro
Uno de los datos que se necesitan para elaborar el borrador de los presupuestos de 2024 es que el Ministerio de Hacienda comunique al ayuntamiento qué entregas a cuentas, por la participación de la entidad local en los ingresos del Estado, aportará en 2024. Esta participación es decisiva para conformar el presupuesto porque casi un tercio de los ingresos locales vienen de la misma. Este año va a estar en torno a los 24 millones.
Otro documento necesario para conformar el borrador de los presupuestos de 2024 es la liquidación del ejercicio de 2022. Esa cuenta general pasa esta mañana por la comisión informativa de Economía y Hacienda para su dictamen. El dato más destacado de la cuenta, el remanente líquido de tesorería para gastos generales, ya se conoció la pasada primavera. Asciende a 16,3 millones de euros y con el mismo se han estado financiando las modificaciones que se han hecho este año en el presupuesto prorrogado de 2022.
Otro dato que destaca de la cuenta es que al cierre de 2022 las obligaciones pendientes de pago (deuda) ascendían a 14,7 millones (no es la deuda total de la entidad local ya que a esta cantidad hay que sumar la deuda de operaciones de crédito a largo plazo que se amortiza en los plazos concertados en cada préstamo). Además a fecha del pasado 31 de diciembre, el consistorio tenía derechos pendientes de cobro por un importe de 43,5 millones, de los que 17,5 se consideran de dudoso cobro; del ejercicio de 2022 quedaban pendientes de ingresar dos millones de euros del IBI urbano (de un total de 24,9 reconocidos por este impuesto), 468.362 euros del tributo de vehículos (rodaje) y 339.679 de la tasa de la grúa. En cuanto a los gastos no atendidos por el ayuntamiento del ejercicio de 2022 al cierre del año había 617.192 euros que se debían a diputación por el servicio de bomberos, y 666.265 que se debían a Conyser por el contrato de limpieza y basura.
