el juicio se celebra en la audiencia provincial el 28 de noviembre

La fiscalía de Cáceres pide ocho años de cárcel para Alberto Casero por prevaricación y malversación

El ministerio público reclama que sea inhabilitado durante 20 años y 70.000 euros en indemnizaciones al Ayuntamiento de Trujillo. Los contratos que suscribió afectan a la feria del queso o a la gala de los premios Pop-eye

Alberto Casero.

Alberto Casero. / EL PERIÓDICO

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

La fiscalía pide ocho años de cárcel para Alberto Casero por firmar contratos sin seguir los procedimientos que marca la ley durante su etapa como alcalde de Trujillo. El juicio se celebrará el próximo 28 de noviembre en la Audiencia Provincial de Cáceres.

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, el ministerio público le imputa un delito continuado de prevaricación administrativa y otro delito continuado de malversación de caudales públicos. En su petición de condena, reclama aparte de la pena de cárcel su inhabilitación durante 20 años y el pago de indemnizaciones que ascienden a los 70.000 euros al Ayuntamiento de Trujillo.

La fiscal expone que Casero desempeñó el cargo de alcalde desde junio de 2011 hasta mayo de 2019. Durante el periodo comprendido entre 2017 y 2018 "concertó con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable".

En concreto, pone de manifiesto el escrito que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo para que prestara asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Días más tarde, se dio de baja en la Seguridad Social aunque este emitió y cobró del consistorio cuatro facturas por importe de 6.120 euros. Con el fin de mantener a este trabajador, el entonces alcalde suscribió un contrato de un año de 18.000 euros “sin informar ni aportar al ayuntamiento el contrato suscrito ni instruir el expediente de contratación”.

En septiembre de 2017, Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú en España para aportar 25.000 euros. En este caso, “no informó a los servicios económicos ni jurídicos, ni aportó la copia del convenio que no fue aprobado ni en pleno ni por resolución de alcaldía”. El representante de la Cámara de comercio reclamó al Ayuntamiento de Trujillo dos facturas por importe de 15.000 euros que no fueron abonadas.

En el mismo año, según recoge la fiscalía, acordó "verbalmente" con la asociación cultural Bon Vivant que la gala de los premios Pop-eye se celebraría en Trujillo, para lo que aportaría 18.000 euros. Este contrato de patrocinio no fue informado a los servicios competentes, no se tramitó el expediente ni se incorporó un informe del órgano de contratación. Un año más tarde, el acusado firmó un contrato en el que se comprometía a aportar 18.000 euros y reconoció la obligación de la aportación convenida en el año anterior. No abonó ninguna de las facturas.

En 2018, el escrito recoge que firmó un acuerdo con ICARO para organizar la feria del queso por 14.000 euros. Tampoco "informó a los servicios competentes ni aportó el contrato". Además, contó con una nota de reparo del interventor. Este caso acabó en los tribunales y el ayuntamiento tuvo que pagar 17.000 euros a la empresa. Por último, en diciembre de ese año, suscribió un contrato con Radio Interior para la promoción de la feria del queso, que tampoco cumplió los requerimientos.

Suscríbete para seguir leyendo