El año judicial en Cáceres: del robo de Atrio al crimen de Logrosán

Cáceres despide un año en los tribunales con un balance más mediático de lo habitual. Los juzgados cacereños han mantenido un ritmo de actividad más ágil que en periodos anteriores tras superar casi por completo las secuelas de la pandemia aunque en esta ocasión han estado marcados por las reivindicaciones y huelgas convocadas por los letrados para reclamar mejoras laborales. 

A lo largo de 2023, han pasado por los juzgados de instrucción cacereños y la Audiencia Provincial encausados por homicidio, políticos imputados por prevaricar y hasta un caso que ha tenido repercusión a nivel internacional. El Periódico Extremadura realiza a fin de año un recorrido de toda la actividad en los tribunales a través de seis juicios que se han celebrado a lo largo de estos doce meses y han destacado por su especiales características. 

El robo millonario y mediático de Atrio

Sin duda, ha sido el juicio que más expectación ha generado en la última década. Ya el robo millonario de 45 botellas en el hotel de lujo Atrio tuvo repercusión internacional hace dos años y la detención de los dos acusados meses después tuvo eco por la espectacularidad de la hipótesis: dos clientes que se habían hospedado y que habían burlado toda la seguridad para pasar desapercibidos y colarse en la bodega. Tras una instrucción insólita por rápida se celebró el juicio en marzo. Duró tres días y convocó a medios como TheGuardian o Daily Mirror. Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión y siguen a la espera del Tribunal Supremo. 

Absuelto el policía de matar a un preso

Cierto es que el juicio al policía acusado de matar a un preso fugado se celebró en 2022 pero ha sido este año cuando el caso sufrió un revés porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se pronunció a favor del agente y le absolvió de los delitos y de la condena que le impuso la Audiencia Provincial. Así pasó de ser culpable de homicidio imprudente a cometer una imprudencia leve. 

Juicio a tres socios de la promotora de El Corte Inglés

En junio llegó a juicio otra las causas que más expectación ha levantado por la trascendencia de los acusados: tres socios de la empresa Almonte 2000, promotores en su día del proyecto fallido para que El Corte Inglés se instalara en el solar de las Carmelitas en Cáceres. Ellos junto al que fuera secretario de la entidad se sentaron en el banquillo imputados por repartirse 7 millones de euros de la compañía falseando las cuentas y especulando con propiedades. Entre los afectados se encontraban, entre otros, el empresario Ángel Sánchez Cortés, conservas Jarry, Pedro Teomiro y GP Promociones del suelo, todos socios también de la ya extinta Almonte 2000. La vista se celebró en la Audiencia Provincial y todos los acusados fueron condenados a penas entre cuatro y cinco años de prisión por delitos de apropiación indebida y de delitos societarios. La sentencia contemplaba que debían indemnizar a los afectados con cantidades entre los 100.000 euros y 1,3 millones de euros. 

Droga adulterada que provocó una muerte

Fue una de las causas con más acusados de este año. Hasta seis personas se sentaron en el banquillo en el juicio por la droga adulterada que le costó la vida a un hombre en Plasencia. El juicio se celebró en octubre. La fiscalía pedía para ellos más de 50 años de prisión. Finalmente, llegaron a un acuerdo y cuatro de ellos fueron condenados a penas de 2 y 3 años. 

Segundo crimen de Logrosán

Ese mismo mes, octubre, tuvo lugar un juicio con jurado. Dos acusados, una madre y un hijo, comparecieron como imputados por la muerte a navajazos y golpes de otro hombre en Logrosán. Se da la circunstancia de que es el segundo crimen que se produce en la misma localidad en una década. También en el primero coincidió que fueron condenados un hijo y su madre aunque esta última fue absuelta más tarde. El juicio se prolongó durante varios días y se vivieron momentos de tensión durante los interrogatorios porque la familia de la víctima quiso seguir el juicio en la sala. El jurado popular les declaró culpables de un delito de asesinato con alevosía y la Sala les condenó a 17 años de prisión. 

Alberto Casero llega a juicio

Cerró el año en noviembre otro de los casos que han levantado más expectación nacional. El político Alberto Casero fue juzgado acusado de prevaricar y malversar fondos durante su etapa como alcalde de Trujillo. Esta causa contó con una especial particularidad. Se demoró en el tiempo su instrucción porque en el momento en el que se inició la investigación, Casero era aforado por su condición de diputado del Congreso de los Diputados y por tanto, solo podía juzgarle el Tribunal Supremo. Tras dejar el escaño, la instrucción se remitió a un juzgado de Trujillo. El ministerio público le pedía hasta ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación por cinco contratos que había suscrito de forma irregular con la Cámara de comercio de Perú, los premios Pop-Eye o la feria del queso. Llegó a un acuerdo para evitar la cárcel y fue condenado a un año y nueve meses de prisión y 70.000 de indemnizaciones.  

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