El relato de dos afectados en Cáceres: "La mina nos echa de nuestras casas"

«Vivimos a dos kilómetros de la mina y nos echan de nuestras casas por los intereses de una empresa privada». Son palabras de Adolfo Álvarez, cacereño y dueño de una propiedad a la altura del kilómetro 5 de la carretera de Miajadas, en la zona donde se ubica la Quesería El Castúo, quien junto a su vecino Andrés Borrego, lanza la voz de alarma para evitar «la expropiación de nuestras residencias habituales». Unas viviendas ubicadas en una zona relativamente próxima al lugar donde se pretende llevar a cabo la explotación minera de litio, cuyo comienzo se estima para 2025.

Ambos se encuentran en la misma encrucijada. Extremadura New Energies (ENE), la empresa privada a cargo del proyecto, pretende hacer uso de la superficie donde se ubican sus propiedades y las de otros vecinos. «Nuestro terreno no está donde van a sacar el litio, pero creemos que lo quieren para construir pozos y obtener el recurso del agua», afirma Álvarez. «Lo que nos afecta es el centro de transformación y toda la infraestructura adicional», añade el hijo de Andrés Borrego, de igual nombre que su progenitor. Este último afirma que, según el consejero delegado de la empresa, Ramón Jiménez, la Ley de Minas «les ampara para establecer este centro de transformación en los territorios anexos a lo que es el yacimiento» y para que la administración les expropie sus parcelas.

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Durante los próximos 35 años, el tiempo estimado para la explotación, Extremadura New Energies les ofrece «un alquiler del terreno de 1.750 euros por hectárea», comentan ambos.

Para Adolfo Álvarez, quien lleva 17 años residiendo junto a su mujer y su hija, la oferta es «irrisoria». Asegura que en su parcela, donde cuenta con algo más de dos hectáreas de terreno, ha invertido todos sus ahorros. Según él, hay dos ideas claves: «Lo primero es que el litio no está en nuestras casas, sino que es una empresa privada la que elige este sitio y, por ello, creo deberían pagarnos lo que vale según establezcan unos tasadores». En segundo lugar, reclama una indemnización como compensación dado que se oponen a la venta.

Por su parte, Andrés Borrego, pasa la mayor parte del tiempo en su parcela de unas dos hectáreas y media, la cual adquirió hace unos 45 años, donde, entre otras cosas, posee un amplio olivar del que obtiene una gran producción anual con una media de entre 4.000 y 5.000 euros. «Es un dinero que voy a perder, por lo que habrá que valorar el terreno y estimar el rendimiento en estos 35 años». A su juicio, la propuesta económica que les han realizado también es insuficiente. Además, su hijo expresa que con la contaminación que se va a generar en la zona y la eliminación de los olivos, todo quedará reducido a un solar, teniendo que reconstruir en un futuro «lo que van a destrozar», sostiene.

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Según explican ambos, la empresa ha alcanzado un acuerdo con varios propietarios de la zona afectada. El problema surge por la diferencia de terreno entre unos y otros ya que, según comenta Álvarez, «pagan lo mismo por cada hectárea, independientemente de lo que tengas, por lo que si tienes terreno sí trae cuenta». De ahí que algunos propietarios hayan aceptado. A su vez, los dos afectados dicen que se han reunido de forma individual con el presidente de la compañía. «No han querido reunirnos conjuntamente, sino que han seleccionado a propietarios que tienen mucho terreno pero no tienen vivienda ni residen allí», reclama Borrego.

Álvarez aclara que su protesta no se debe a que estén en contra del proyecto, sino que no quieren perder su vivienda a ningún precio. «No somos de ‘No a la mina’ ni de ‘Salvemos la Montaña’, solo pedimos que respeten el lugar donde vivimos». Asimismo, reclama ayuda por parte de las Administraciones Públicas «para poner fin a esta situación que nos tiene intranquilos», confiesa.

Para Andrés hijo, es evidente que «existe interés regional» en el asunto. «Como presidente del colectivo de industriales, estoy a favor de que Cáceres crezca industrialmente, pero no es justo que sea a costa de los que vivimos allí», atestigua antes de dejar una reflexión: «Si hubieran encontrado litio en el paseo de Cánovas, ¿lo permitirían? Evidentemente no, ya que está dentro del casco urbano y afecta a los vecinos. Pero donde nosotros estamos también vive gente y existen los derechos humanos», concluye.

El proyecto sigue su curso

La empresa al mando del plan de explotación, Extremadura New Energies (ENE) , filial de la australiana Infinity Lithium, continúa con su proyecto de construcción de una de las minas de litio más grandes de Europa en el yacimiento minero de San José de Valdeflores, a unos 800 metros del centro urbano de Cáceres, afectando a los términos municipales de Cáceres, Valdesalor, Sierra de Fuentes y Torreorgaz.

Con el apoyo de la Junta de Extremadura, ha diseñado «un proyecto industrial integrado con una zona de extracción subterránea, basado en el uso de energías renovables, que responde a las peticiones sociales, medioambientales y económicas de Cáceres», según Ramón Jiménez, consejero delegado de la empresa.

En junio, la empresa registró en la Junta la documentación para que la Administración regional siga con la tramitación de la concesión para la explotación del proyecto. El objetivo es que este mismo año se pueda contar con ella, de forma que a comienzos de 2025 den comienzo las obras para su puesta en marcha, que se prolongará durante cerca de dos años.

De esta forma, ENE ha presentado el estudio de impacto ambiental, el proyecto de restauración y el proyecto de explotación. Además, la Junta, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ya ha considerado acreditado el yacimiento de litio, lo que supone el inicio de la tramitación de la solicitud de Concesión Directa.

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