Los sindicatos de la fábrica cacereña se reúnen este viernes para retomar las demandas salariales
La lucha salarial de Catelsa focaliza los conflictos laborales de Cáceres en el nuevo curso
Las manifestaciones darán paso a los paros programados en septiembre, al no avanzar las negociaciones con la empresa
Los trabajadores de Canal de Isabel II también siguen sin resolver su pugna gremial
Manifestación a las puertas de Catelsa. / Jorge Valiente
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Los trabajadores de Catelsa, una de las firmas más representativas de la industria de Cáceres, recibirán septiembre en pie de guerra. La plantilla de Catelsa solicita una subida salarial conforme al IPC, y han protagonizado manifestaciones durante todo el mes de julio. Y dejan claro que si la dirección no muestra ninguna voluntad de abrir un diálogo, «daremos un paso más y en septiembre comenzaremos a realizar paros industriales», lo que recrudecerá el conflicto laboral que mantienen con esta compañía del Grupo Hutchinson, que en octubre cumplirá 51 años.
Así lo manifiesta José Pablo Juan, miembro de UGT del comité de Catelsa: «Retomaremos las manifestaciones en septiembre. El comité de empresa tiene un pleno este mismo viernes para calendarizar las actuaciones». Y añade que «después de las manifestaciones, el siguiente paso son los paros industriales y retomar la actividad sindical para conseguir sacar adelante nuestras demandas».
230 trabajadores
Así, los trabajadores de Catelsa, que solicitan un aumento de los sueldos conforme al IPC (tal y como se plantea en la actual negociación con la empresa), focalizan los conflictos laborales en la capital cacereña para el nuevo curso, dado que se trata de una empresa que cuenta con 230 trabajadores.
De esta forma, las manifestaciones se retomarán para volver a exigir una subida salarial acorde al IPC más el 5% en dos años: 2,8% en 2024 y el 2% en 2025.
Los 230 trabajadores llevan viviendo esta situación desde 2022. Ese año llegaron a un acuerdo que la empresa «no cumplió», según apuntó en su momento el presidente del comité de empresa , Sebastián Centeno. Acordaron una subida salarial acorde al IPC, que en ese momento se situaba en 6,5%, pero la compañía se negó porque «decían que era una cantidad muy grande».
Tras incumplir este acuerdo, los empleados denunciaron la situación a inspección y tuvieron dos mediaciones. «Al final la empresa movilizó a los trabajadores y retiramos la denuncia», resaltó Centeno el pasado de mes de julio durante una de las concentraciones. Pactaron una subida del 1% y en 2023 de un 2,8%. «Con este pacto «hemos perdido un poder adquisitivo del 4,1%. En esta negociación actual, queremos recuperar un poco lo perdido: el 4,5%».
Una de las múltiples manifestaciones de la plantilla de Canal. / EL PERIÓDICO
Conflicto de Canal
En cuanto al conflicto laboral que protagoniza la plantilla de Canal de Isabel II en Cáceres, que también se arrastra desde hace años. El comité de empresa volverá a reunirse en septiembre para tomar decisiones con respecto a las protestas, pero «no se ha alcanzado ningún principio de acuerdo; no tenemos noticias ni del ayuntamiento ni de la dirección de la empresa», asegura el presidente del comité, Reyes Naharro.
Antes de los meses estivales de julio y agosto, el Comité de empresa de Canal de Isabel II, empresa concesionaria del servicio integral del agua en la ciudad, volvió a pedir la destitución del delegado en Cáceres, José Luis Castaño Cabañas, por el conflicto laboral que arrastra la plantilla desde la pasada legislatura. Entonces se mostraron dispuestos a emprender de nuevo acciones de protesta, «paros puntuales, cortes de circulación e incluso secundar huelgas que podrían afectar al servicio», si la dirección de la empresa «no mejora dignamente las condiciones laborales de los trabajadores».
Tras el cambio de gobierno, los trabajadores ya pidieron amparo al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, a cuenta de las diferencias en el convenio con los empleados en la sede central de Madrid; al tiempo que, ya hace un año, solicitaron la destitución de Castaño, «por dilatar sin visos de futuro las negociaciones». Ahora, la plantilla manifiesta que desde la llegada de Castaño a la dirección, «y tras más de ocho años sufriendo discriminaciones respecto a los compañeros de Madrid e incluso «con los mismos trabajadores del servicio de Cáceres», que tienen condiciones diferentes entre ellos, «seguimos sin tener visos de mejorar las condiciones laborales».
Manifestación de la plantilla de Atento a las puertas del consistorio. / Carlos Gil
La tregua de Atento
Por otro lado, la plantilla de la empresa Atento, especializada en servicios de atención al cliente y telemarketing, alcanzaba a mediados de julio un acuerdo con la dirección mediante el cual los 50 trabajadores afectados por el traslado propuesto a Madrid pueden teletrabajar y tienen 3 días de presencialidad en la propia sede de la empresa en la capital cacereña.
No obstante, José María Boyero el presidente de comité de empresa, asegura que la aceptación del acuerdo fue «solución menos gravosa con el escenario que atraviesa la empresa». Esto es debido a que la empresa «garantiza una permanencia de 12 meses» a esos 50 trabajadores en régimen de teletrabajo, «pero esto no nos preocupa porque mantener los puestos de trabajo era nuestro principal objetivo y se ha conseguido. Y ahora tenemos margen para negociar otras posibilidades», ha aclarado Boyero.
Los empleados realizaron manifestaciones desde que se anunciara la reestructuración el 1 de julio y tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la Junta de Extremadura se ofrecieron a mediar en el conflicto laboral, incluso llegando a ceder suelo industrial a la empresa.
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