A la Asociación Sociedad Local de Cazadores Virgen de Guadalupe
Condenan a un colectivo de cazadores a indemnizar al Ayuntamiento de Cáceres por sacar corcho
El juzgado les condena a pagar 3.800 euros, pero el consistorio reclama 11.000 más
Dehesa en Rincón de Ballesteros. / EL PERIÓDICO
El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Cáceres ha estimado la demanda interpuesta por el consistorio cacereño contra la Asociación Sociedad Local de Cazadores Virgen de Guadalupe, por los perjuicios derivados del uso por extracción de corcho de alcornoques en diversas fincas de titularidad municipal, y se les impone el pago de 3.800 euros.
En una finca municipal de Rincón de Ballesteros
Concretamente, la saca de corcho que denunció el Ayuntamiento de Cáceres se produjo en la pedanía de Rincón de Ballesteros. Y el juzgado ha condenado a la Asociación Sociedad Local de Cazadores Virgen de Guadalupe a pagar al consistorio la cantidad total de 3.805,92 euros, en base a lo recaudado por la extracción del corcho.
Sin embargo, el Gobierno local considera que la extracción del corcho que se practicó en esas fincas municipales “asciende a una cantidad mayor”, que el consistorio cifra en 14.000 euros. Por lo que “hemos demandado el pago de la diferencia; unos 11.000 euros”, ha señalado el edil de Servicios Públicos, Pedro Muriel, este viernes tras dar a conocer la sentencia.
Al respecto, la Asociación Sociedad Local de Propietarios Virgen de Guadalupe (la que integró desde el inicio a los colonos de la pedanía) ya interpuso impugnaciones ante la Junta de Extremadura en 2014 al entender que la gestión de los terrenos les corresponde, al haberse encargado siempre del uso común de las tierras (saca del corcho, usos apícolas, pastoreo, etc.).
Esto se produjo cuando la mitad de la pedanía desaprobó que la otra mitad delegase las tierras comunes en un club local de cazadores que sumó el 51% de las firmas de los habitantes para desarrollar actividades cinegéticas.
Hasta que se resolvieran el proceso, la actividad cinegética quedó paralizada en 2014. Sin embargo, pasados tres años se agotó la vía administrativa (solo cabría la impugnación judicial) y se levantó la suspensión. Por lo que las monterías regresaron en febrero de 2018 a la pedanía, que acumula 2.962 hectáreas de una dehesa de bosque mediterráneo, con encinas, alcornoques y monte bajo.
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